La subcomisión del Congreso encargada de hacer propuestas para incrementar la independencia de los reguladores ha rechazado este miércoles las propuestas para endurecer el régimen de incompatibilidades de las personas que integran la cúpula de estos órganos y de las autoridades independientes, tanto en lo que se refiere a su acceso a las mismas como en las limitaciones laborales que deben imponérseles cuando las abandonan.
Según han informado fuentes parlamentarias, la subcomisión de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso ha discutido ya todas las enmiendas presentadas al borrador de conclusiones elaborado por el PSOE y Más País y se volverá a reunir el próximo día 23 para aprobar su informe definitivo.
El siguiente paso, el 6 de abril será debatirlo ya a puerta abierta en la comisión que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón, para después elevarlo al Pleno de la Cámara, presumiblemente a finales de ese mes.
Las recomendaciones de la subcomisión se refieren a un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El borrador del informe apuesta por mantener el «severo» régimen de incompatibilidades vigente para los máximos responsables de estos órganos: dedicación exclusiva, declaración exhaustiva de cualquier elemento que pueda generar conflicto de intereses y no poder ejercer profesionalmente en el sector sobre el que se han tomado decisiones los dos años posteriores al abandono del cargo.
El texto también deja claro que la pertenencia a un partido político no puede ser, en ningún caso, causa de incompatibilidad puesto que la militancia política es un derecho constitucional y sólo puede limitarse a colectivos como el judicial, el militar o el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El PP ha enmendado este apartado para dejar más claro aún que en el borrador que las personas elegidas para estos cargos lo deben ser por su cualificación y no por su «adscripción ideológica», pero sin proponer ningún limite más en este sentido. Tampoco lo ha hecho Unidas Podemos.
CUIDAR LA IMAGEN DE LIMPIEZA
Por contra, Cs sostiene que éste es un tema de «especial sensibilidad» y que es preciso «cuidar hasta el extremo la imagen de limpieza» de las instituciones y «eliminar cualquier elemento que pueda generar un conflicto de interés».
Bajo esta premisa, admite que no se puede prohibir el acceso a estos puestos a alguien con militancia política, pero sí recomienda que no puedan ser nombradas las personas que tengan «cargos orgánicos» en partidos políticos. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios se han unido para rechazar esa propuesta.
Tampoco ha salido adelante la idea de Vox de declarar «inidóneos» para estos puestos a quienes hayan desempeñado cargos públicos «en los que se presuma la existencia de una estrecha relación de confianza política» o hayan «hecho público su compromiso político con un partido desde el activismo mediático o social» y puedan por ello ser percibidos socialmente como «carentes de imparcialidad».
REGULADORES VETADOS EN LAS EMPRESAS
El informe base redactado por PSOE y Más País aboga por medidas adicionales para evitar que las empresas acaben captando a los encargados de regularlas, pero lo fía todo al aumento de la transparencia.
Así, sugieren que las empresas que contraten a ex responsables de autoridades que han regulado su sector sean obligadas a ser «completamente transparentes en las actividades y condiciones de trabajo» de los mismos, una idea que a la que se ha opuesto el PP.
También Unidas Podemos pedía suprimir ese punto pero, en su caso para defender una estricta regulación de los conflictos de intereses y apostar directamente por la eliminación de las puertas giratorias. En cualquier caso, no ha tenido éxito en su intento de prohibir a quienes han estado al frente de los reguladores incorporarse a empresas del sector correspondiente y «en todo caso» a aquellas con 250 empleados o más y cuyo volumen de negocio anual exceda los 50 millones de euros».
Los ‘populares’ también han defendido eliminar la propuesta de PSOE y Más País de que se hagan públicas en las agendas de los responsables de los reguladores sus encuentros con las empresas que regulan y que los documentos que éstas puedan enviarlas para influir en alguna decisión se cuelguen en el portal de transparencia de la institución.
EL CONTROL PARLAMENTARIO
Los grupos también debatirán este jueves sobre el control parlamentario sobre los reguladores, que nadie niega si bien se admite que nunca podrá ser tan exigente como el que se aplica al Gobierno. Además, el PSOE ha presentado enmiendas para dejar claro que las Cámaras no deben «fiscalizar» a las autoridades independientes como propuso inicialmente, sino hacer un «seguimiento» de sus actividades.
En este sentido, se pone sobre la mesa la necesidad –rechazada por el PP– de que cada seis meses o anualmente establecer «mandatos marco» en colaboración con representantes de la ciudadanía para «orientar» sus decisiones. En este punto, se ha aprobado una enmienda del PSOE para subrayar que de esas orientaciones se excluirá «en todo caso» a las «decisiones de carácter técnico».
Ciudadanos aceptaba esa función orientadora pero recalcaba que las guías que apruebe el Congreso no debían tener carácter «vinculante» y que las recomendaciones debían hacerse para el medio plazo y con «horizontes temporales desconectados del ciclo político».
Por su parte, Más País quería remarcar la obligación de las autoridades de rendir cuentas ante el Parlamento y planteaba que éste refrende los Reglamentos y normas de funcionamiento interno de las mismas que el Gobierno ha de aprobar teniendo contando con la «participación activa» de estos organismos. Cs pide delimitar la potestad reglamentaria del Gobierno para que evitar condicione el funcionamiento de los reguladores.
