La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han suscrito el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras 2022, dotado con un presupuesto de casi 4,7 millones de euros, que recoge las líneas de actuación coordinada en la vigilancia e inspección de la pesca marítima en aguas de soberanía española y el control de la comercialización de productos de la pesca a partir de su primera venta.
Este plan se deriva del acuerdo marco entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima de 2019.
Entre otros objetivos, según ha informado Interior, se pretende evitar la presencia en el mar de aquellas embarcaciones ilegales o no autorizadas, así como detectar artes o aparejos de pesca no identificados, antirreglamentarios o prohibidos, al tiempo que se disuade a los pescadores de faenar en zonas o fondos prohibidos.
El plan recoge las actuaciones a realizar por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, para el seguimiento y control del cumplimiento de la normativa pesquera en tierra, respecto de las artes y capturas, la tenencia de especies con tallas inferiores a las reglamentarias o la verificación en cualquiera de los elementos que constituyen la cadena de distribución y comercialización.
USO DE PATRULLERAS Y HELICÓPTEROS
Para ello, la Guardia Civil operará con siete patrulleras y cuatro helicópteros cedidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo al Convenio marco suscrito en 2019. Por su parte, los inspectores de pesca marítima de la Secretaría General de Pesca embarcarán en estos medios aeronavales, para dirigir los objetivos de las misiones.
Se estima que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) representa alrededor de 26 millones de toneladas de pescado al año en todo el mundo, lo que equivale a más del 15% de la producción total anual de los productos pesqueros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio del Interior han subrayado su «firme compromiso» en la lucha contra esta actividad ilegal, «ya que constituye una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la biodiversidad marina».
