La subcomisión del Congreso encargada de hacer propuestas para incrementar la independencia de los reguladores ha puesto de manifiesto las diferencias que existen entre los partidos sobre la conveniencia de limitar el acceso de los políticos a las cúpulas de estos órganos, puesto que mientras PSOE, PP, Más País y Unidas Podemos no les ponen trabas, Vox y Ciudadanos apuestan claramente por establecer límites.
Este será uno de los puntos que se discutan este miércoles a puerta cerrada en el seno de la subcomisión, que prevé dejar listo su informe de recomendaciones para su próximo debate, ya en abierto, en la Comisión de Calidad Democrática. Una vez sea aprobado en el órgano que preside el líder de Más País, Íñigo Errejón, tendrá que elevarse al Pleno de Congreso.
Las recomendaciones de la subcomisión se refieren a un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El borrador del informe, redactado por el PSOE y Más País, apuesta por mantener el «severo» régimen de incompatibilidades vigente para los máximos responsables de estos órganos: dedicación exclusiva, declaración exhaustiva de cualquier elemento que pueda generar conflicto de intereses y no poder ejercer profesionalmente en el sector sobre el que se han tomado decisiones los dos años posteriores al abandono del cargo.
El texto también deja claro que la pertenencia a un partido político no puede ser, en ningún caso, causa de incompatibilidad puesto que la militancia política es un derecho constitucional y sólo puede limitarse a colectivos como el judicial, el militar o el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El PP ha enmendado este apartado para dejar más claro aún que en el borrador que las personas elegidas para estos cargos lo deben ser por su cualificación y no por su «adscripción ideológica», pero sin proponer ningún limite más en este sentido. Tampoco lo hace Unidas Podemos.
Por contra, Cs sostiene que éste es un tema de «especial sensibilidad» y que es preciso «cuidar hasta el extremo la imagen de limpieza» de las instituciones y «eliminar cualquier elemento que pueda generar un conflicto de interés». Bajo esta premisa, admite que no se puede prohibir el acceso a estos puestos a alguien con militancia política, pero sí recomienda que no puedan ser nombradas las personas que tengan «cargos orgánicos» en partidos políticos.
Por su parte, Vox pide que sean declarados «inidóneos» para estos puestos quienes hayan desempeñado cargos públicos «en los que se presuma la existencia de una estrecha relación de confianza política» o hayan «hecho público su compromiso político con un partido desde el activismo mediático o social» y puedan por ello ser percibidos socialmente como «carentes de imparcialidad».
REGULADORES VETADOS EN LAS EMPRESAS
El informe base redactado por PSOE y Más País aboga por medidas adicionales para evitar que las empresas acaben captando a los encargados de regularlas, pero lo fía todo al aumento de la transparencia.
Así, sugieren que las empresas que contraten a ex responsables de autoridades que han regulado su sector sean obligadas a ser «completamente transparentes en las actividades y condiciones de trabajo» de los mismos, una idea que a la que se opone el PP.
También Unidas Podemos pide suprimir ese punto pero, en su caso para defender una estricta regulación de los conflictos de intereses y apostar directamente por la eliminación de las puertas giratorias. En este contexto, pide prohibir a quienes han estado al frente de los reguladores incorporarse a empresas del sector correspondiente y «en todo caso» a aquellas con 250 empleados o más y cuyo volumen de negocio anual exceda los 50 millones de euros».
Los ‘populares’ también reclaman eliminar la propuesta de PSOE y Más País de que se hagan públicas en las agendas de los responsables de los reguladores sus encuentros con las empresas que regulan y que los documentos que éstas puedan enviarlas para influir en alguna decisión se cuelguen en el portal de transparencia de la institución.
EL CONTROL PARLAMENTARIO
Respecto al control parlamentario sobre los reguladores, nadie lo niega si bien se admite que nunca podrá ser tan exigente como el que se aplica al Gobierno. Además, el PSOE ha presentado enmiendas para dejar claro que las Cámaras no deben «fiscalizar» a las autoridades independientes como propuso inicialmente, sino hacer un «seguimiento» de sus actividades.
En este sentido, se pone sobre la mesa la necesidad –rechazada por el PP– de que cada seis meses o anualmente establecer «mandatos marco» en colaboración con representantes de la ciudadanía para «orientar» sus decisiones. Eso sí, el PSOE destaca que de esas orientaciones que excluirá «en todo caso» a las «decisiones de carácter técnico».
Ciudadanos acepta esa función orientadora pero recalca que las guías que apruebe el Congreso no deben tener carácter «vinculante» y subraya que las recomendaciones deben hacerse para el medio plazo y con «horizontes temporales desconectados del ciclo político».
Más País hace hincapié en que las autoridades deben rendir cuentas ante el Parlamento y plantea que éste refrende los Reglamentos y normas de funcionamiento interno de las mismas que el Gobierno ha de aprobar teniendo contando con la «participación activa» de estos organismos. Cs pide delimitar la potestad reglamentaria del Gobierno para que evitar condicione el funcionamiento de los reguladores.
CÓDIGOS DE CONDUCTA CON SANCIONES
El texto base también se pronuncia sobre la posibilidad de explorar la remoción de algún responsable de estos órganos que no cumpla el mandato parlamentario, pero puntualizando en todo caso debería canalizarse a través de un «procedimiento gravoso para evitar posibles abusos». Mientras que el PP plantea suprimir todo ese párrafo, Vox sugiere que se les pueda remover de sus cargos sólo por mayoría absoluta.
Además, el texto base contempla la existencia de mecanismos de control externo e interno para evaluar la actuación de estos organismos como códigos de conducta de sus máximos responsables con un régimen de infracciones y sanciones.
El PP incluye aquí una apostilla para que conste que en todo caso deberá primar el principio de presunción de inocencia, mientras que Vox reclama que se dote a los reguladores de la posibilidad de «imponer multas como elemento coercitivo ante la contumacia del infractor».
