El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó el pasado 24 de febrero un ataque a gran escala contra Ucrania que supuso el estallido definitivo del conflicto armado iniciado en 2014 en la región del Donbas entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos. La guerra ha alcanzado ya las dimensiones necesarias para situarse en la mesa de los dos grandes tribunales internacionales: la CIJ y el TPI, cuyos dictámenes podrían acarrear graves consecuencias para Rusia y Putin.
«Lo que está claro es que no se puede engullir un Estado. No puede desaparecer un Estado entero porque otro lo diga. Eso no se puede permitir», indica Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resumiendo así la esencia de esta nueva guerra en el corazón de Europa.
El conflicto ucraniano estaba en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional desde 2014, cuando Ucrania, que no forma parte del Estatuto de Roma (tratado fundacional del TPI) autorizó a esta corte de La Haya a que identificara, persiguiera y, en su caso, juzgara a quienes cometieran crímenes de guerra o lesa humanidad en su territorio.
El permiso concedido por Ucrania habilitó al TPI para investigar cualquier posible crimen internacional cometido en suelo ucraniano desde noviembre de 2013, lo cual abarcaba hasta ahora la represión de las protestas en la plaza Maidan que propiciaron la caída del Gobierno de Viktor Yanukovich y el conflicto en las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y las milicias apoyadas por Moscú.
El TPI terminó en 2020 su examen preliminar sobre el caso ucraniano, concluyendo que había indicios de que se habían cometido crímenes internacionales. Pero no fue hasta el pasado 28 de febrero cuando el nuevo fiscal jefe del TPI, Karim Khan, comunicó que había decidido abrir una investigación oficial. Y lo hizo anunciando que sus pesquisas incluirían también la reciente invasión rusa.
No obstante, recordó que antes debía recabar la autorización expresa de la Cámara de Antejuicio, deslizando que si los países que componen el TPI denunciaban directamente la guerra en Ucrania ante la Fiscalía podría eludir ese trámite procesal. Un total de 39 estados miembro, España incluida, han atendido el ruego de Khan, por lo que las indagaciones ya están en marcha.
¿PUTIN EN EL BANQUILLO?
A falta del resultado que arrojen las pesquisas en el TPI, la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) observa ya «violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario», que fija las normas de la guerra, debido a los ataques rusos contra la población civil, según señala en un comunicado.
Mangas Martín, miembro de la AEPDIRI, explica que a los ojos del Derecho Internacional solo es legal atacar objetivos militares. «Las infraestructuras básicas para la población civil», tales como hospitales, mercados o edificios de viviendas, así como las imprescindibles para su supervivencia –puentes para transitar por la ciudad o escapar de ella–, «no se pueden bombardear». «Son intocables y, cuando se tocan, es un suma y sigue de crímenes de guerra», alerta.
La experta advierte además de que «atacar centrales nucleares liberando las fuerzas peligrosas que contienen» podría ser considerado igualmente un crimen de guerra por sus nefastas consecuencias sobre la población civil, un escenario no tan lejano a juzgar por los combates alrededor de la central de Chernóbil y los ataques sobre la de Zaporiyia.
Sin embargo, no hay que olvidar que las responsabilidades penales –que son las que se ventilan en el TPI– son individuales. Es decir, hay que poner nombres y apellidos a sus autores materiales y buscar a sus autores intelectuales en la cadena de mando probando que ordenaron o autorizaron semejantes actos o, como poco, los conocieron y consintieron.
En el caso de Putin, la profesora universitaria apunta al crimen de agresión, definido en el Estatuto de Roma como el cometido «cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas».
La AEPDIRI afirma que la ofensiva rusa sobre Ucrania «constituye una violación de la prohibición del uso de la fuerza», recogida en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, recordando que «las únicas excepciones» admitidas son la legítima defensa, que requiere un ataque previo, y la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. «Y ninguna de las pretendidas justificaciones aducidas por Rusia pueden encuadrarse en estas excepciones», añade.
A pesar del respaldo jurídico que pudiera tener una acusación penal contra Putin y sus lugartenientes, Mangas Martín admite que «no será fácil» que acabe con el presidente ruso detenido, juzgado y condenado en el TPI. No por la inmunidad que posee como jefe de Estado, que decae automáticamente cuando se trata de crímenes internacionales, sino por la dificultad de echarle el guante.
Omar Hasán al Bashir fue acusado por el TPI a causa de los crímenes perpetrados en el conflicto en la región sudanesa de Darfur (2003) cuando aún era presidente del país africano. Las primeras órdenes de detención internacionales se libraron en 2009 y, aunque el nuevo Gobierno de Sudán se ha comprometido a entregarlo a La Haya, todavía no lo ha hecho.
LA PARTIDA EN LA CIJ
De forma simultánea, Rusia y Ucrania se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un tribunal de la ONU donde se dirimen disputas entre estados por violaciones de los tratados suscritos.
En esta sede, Kiev acusa a Moscú de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948), ratificada por ambas naciones. El Estado ucraniano alega que Rusia ha usado en falso el término genocidio al denunciar que las fuerzas ucranianas han materializado uno en Donbas, lo que, de ser cierto, justificaría la irrupción de tropas rusas para frenarlo.
Ucrania no solo «niega enfáticamente» un genocidio en Lugansk y Donetsk, pidiendo en consecuencia a la CIJ que declare que «Rusia no tiene base legal para emprender acciones» contra el país vecino, sino que acusa a la potencia euroasiática de «planear actos de genocidio» por cuanto «intencionadamente está matando e infligiendo un grave daño a los nacionales ucranianos».
De entrada, la CIJ se ha declarado competente para resolver sobre las medidas cautelares planteadas por el Ejecutivo de Volodimir Zelenski, que consisten básicamente en detener las operaciones militares lanzadas por Rusia en «un descarado abuso» de dicha convención. Las partes están convocadas a una vista oral que se celebrará entre el lunes y el martes para exponer sus argumentos.
Mangas Martín avanza que una eventual condena en la CIJ supondría que «un tribunal de la ONU determine que ha habido una agresión, que no había ninguna justificación, que no había legítima defensa para detener un genocidio o un proceso de ‘nazificación’, como dijo Putin».
Rusia sería señalado formalmente como un infractor del Derecho Internacional, «y, después de eso, con una condena, se pueden pedir reparaciones de guerra», algo que Ucrania ya anticipa en su escrito.
La catedrática de la UCM ve como algo positivo que el conflicto en Ucrania se aborde desde el prisma del Derecho Internacional, uno de los pilares de la convivencia global, porque, aunque puede resultar «lento», máxime cuando «lo que interesa es detener el sacrificio de vidas humanas», algo en lo que entiende que pueden ser más efectivas las sanciones económicas, su respuesta «acaba llegando».
