Francia implantó en 2006 el Cheque empleo servicio universal (CESU), una medida de ayudas del Gobierno para aquellas personas que necesitasen diferentes servicios en sus domicilios, como los de limpieza o cuidados, para poder pagarlos y así también conseguir un sueldo digno para los empleadas del hogar.
El cheque-servicio francés constituye un ejemplo de éxito, ya que, aparte de garantizar mayores cotizaciones correspondientes al aumento de sueldo e introducir deducciones fiscales para los empleadores, sirve para aflorar el empleo sumergido en el sector. En la actualidad, el 33,4% del total de las empleadas del hogar en España no están afiliadas a la Seguridad Social.
Según el dato del cuarto trimestre de 2018 de la Encuesta de Población Activa que realiza el INE, 616.900 personas componen el colectivo de los empleados del hogar, de los cuales el 89% son mujeres por lo que normalmente se utiliza el femenino cuando se habla de dicho gremio. La mayoría son de origen extranjero lo que provoca que tengan incluso más trabas para poder trabajar de forma legal a consecuencia de los requisitos para el acceso y renovación de las autorizaciones para residir y trabajar en España.
La abogada Arantxa Zaguirre desarrolló en colaboración con el laboratorio del think tank Fundación Alternativas, un estudio sobre la discriminación indirecta que sufren las empleadas del hogar, en el que señaló que un tercio de las mismas viven bajo el umbral de la pobreza, según datos de Intermón Oxfam.
De este modo, Zaguirre redactó diferentes propuestas para superar esta discriminación, entre las que se incluye la adopción del método francés en España. Propuso estudiar la viabilidad de la implantación del cheque-servicio que está dando buenos resultados tanto en el descenso del empleo sumergido como en la garantía del abono del salario estipulado y las cotizaciones correspondientes. También destacó de este sistema la simplificación de trámites para los empleadores y la posibilidad de obtener deducciones fiscales dependiendo de la edad, nivel de discapacidad y nivel de ingresos del empleador.
Asimismo, la abogada pidió al Gobierno diseñar una prestación de desempleo adecuada y suficiente para proteger a estas trabajadoras en situaciones de paro involuntario e insuficiencia de ingresos económicos. «Las empleadas del hogar son las que están subvencionado el sistema de cuidados con sus trabajos, sin tener prestación por desempleo», argumentó Zaguirre en la presentación de su informe en la sede de la Fundación Alternativas.
Por otro lado, señaló los resultados nulos de la reforma de la relación laboral que entró en vigor en 2012, y acusó al Estado de poner excusas, ya que «no podemos considerar una justificación adecuada para negar las prestaciones por desempleo a este colectivo la alusión por los poderes públicos al posible fraude o picaresca«. Zaguirre argumentó que existe un nivel de fraude en todas en todas las prestaciones, pensiones y subsidios y no por ello el legislador los suprime, sino que prevé mecanismos de prevención, control y sanción de estas situaciones, excepto en el caso de las empleadas del hogar.
Al mismo tiempo, la abogada reclamó incluir en la normativa las consecuencias legales del despido de una trabajadora del hogar embarazada, unificando criterios y sancionando la vulneración de su derecho fundamental a no ser discriminada por razón de su sexo. “Son trabajadoras pobres”, señaló Zaguirre quien explicó que un tercio de las empleadas del hogar vive bajo el umbral de la pobreza. “Este colectivo percibirá unos 500 euros de pensión, lo que supone casi la mitad de la pensión media”.
DESIGUALDAD EN LA NORMATIVA DE EMPLEADAS DEL HOGAR
Zaguirre cree que un proceso de cambio se debería abordar con la participación de las asociaciones de empleadas de hogar e incluso con asociaciones de empleadores, si las hubiera, defendiendo sus intereses en los procesos de diálogo social que pueden preceder a un cambio legislativo.
Las asociaciones de empleadas de hogar reclaman desde 2011 que el Estado ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y se comprometa a modificar la legislación para adaptarla a las medidas y recomendaciones contenidas en el mismo. «Este podría ser un primer paso para alcanzar la equiparación de las condiciones laborales de las empleadas de hogar con las del resto de trabajadores», apunta Zaguirre en su informe.
En este estudio se señala que países como Portugal, Italia, Francia, Noruega, Luxemburgo, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania e Irlanda ya contemplan prestaciones por desempleo para este colectivo.
Actualmente las empleadas de hogar son las únicas trabajadoras que no están protegidas frente a situaciones de desempleo involuntario. Esto incluye la prestación contributiva por desempleo y todos los subsidios no contributivos a los que pueden optar los demás trabajadores por cuenta ajena cuando agotan la prestación contributiva.
La ausencia de este tipo de prestaciones, unido también a otros elementos de extranjería como los requisitos para el acceso y renovación de las autorizaciones para residir y trabajar, favorece la escasa conflictividad que a menudo presentan las empleadas de hogar frente a sus empleadores, aceptando en muchos casos condiciones y salarios por debajo de lo legalmente establecido.
