La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, cree que las decisiones del Gobierno relativas a la rebaja de los límites de aportación a los planes de pensiones individuales es «un mal mensaje para las familias» y una limitación a la libertad de elección de productos.
Así lo ha señalado este lunes durante su intervención en una mesa redonda en el marco del II Observatorio de las Finanzas, en la que también han participado el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama; el vicepresidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), Arturo González MacDowell, y el director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, Antonio Romero.
González de Frutos ha hecho hincapié en que el balance de la riqueza en España se situaba en septiembre de 2021 en siete billones de euros, de los que la riqueza financiera representaba el 23%, según datos del Banco de España. La participación del sector asegurador en esta magnitud es «muy baja» pese a las posibilidades y deseos de intervención, que son más amplias.
«Nos enfrentamos a decisiones políticas que hacen que no sea fácil adivinar por dónde va a ir el futuro», ha incidido la presidenta de Unespa, y ha recalcado que aunque en este contexto la colaboración público-privada es «más que necesaria», el sector se enfrenta «a decisiones de gobierno en las que se pone en duda cuál es la bondad del ahorro individual para crear pensiones complementarias y se vende un mal destino del tercer pilar bajo la justificación de que es necesario con ella fomentar el segundo».
Martínez-Aldama, que ya se había pronunciado previamente contra las rebajas de los límites de aportaciones a estos planes, ha hecho hincapié en que no son sustitutivos, sino complementarios.
Asimismo, ha destacado la necesidad de estímulos fiscales para incentivar la inversión en vehículos sostenibles. González de Frutos también ha puesto de relieve la importancia de la sostenibilidad y la digitalización, especialmente en el caso de las catástrofes climáticas, así como de la educación financiera, que «gana una enorme trascendencia»: debe establecerse en la escuela y enseñarse de forma sistemática.
Romero, por su parte, ha hecho hincapié en que la digitalización también conlleva costes sociales que en este caso afectan más a las personas mayores, y ha añadido que si bien el sector era consciente de la existencia de este problema, las acciones se han incrementado en las últimas semanas en el marco de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ iniciada por Carlos San Juan, de 78 años, que entregó el pasado 8 de febrero en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital más de 600.000 firmas.
De esta forma, sostiene que el sector tiene que compatibilizar las distintas preferencias de los clientes, desde los más jóvenes, que prefieren los servicios digitales, a los más mayores, que prefieren seguir acudiendo a la oficina.
González MacDowell también ha llamado la atención sobre esa necesidad de educación financiera y sobre la de innovar a la hora de buscar a soluciones que se adapten al mundo rural.
