La Iglesia católica española se someterá a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en su seno, según ha informado la Conferencia Episcopal Española en un comunicado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades&Calvo Sotelo, Javier Cremades, darán a conocer los detalles de esta audito ría este martes 22 de febrero.
El despacho profesional abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará los procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto, según han informado las partes en un comunicado.
La noticia se conoce en un momento en que el PSOE está negociando con distintos grupos parlamentarios crear una comisión para investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.
Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu registraron una iniciativa para poner en marcha una comisión parlamentaria para realizar esta investigación, y el PNV propuso crear una comisión independiente de expertos, el PSOE ha planteado que sea el Defensor del Pueblo quien lidere esta investigación de la mano de un grupo formado por expertos, víctimas y miembros de la propia Iglesia. Los obispos españoles no se han pronunciado aún sobre su posible participación en estas investigaciones.
Según Unidas Podemos, la comisión parlamentaria puede ser complementaria con la que propone el PSOE. Por su parte, los socialistas consideran que la comisión liderada por el Defensor del Pueblo debe tener el protagonismo aunque no descarta que este pueda comparecer, una vez terminado el informe, en sede parlamentaria.
LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recopilado de las fiscalías autonómicas un total de 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Una vez recibidos los datos cuantitativos relativos a las causas, la FGE explica que realizará «un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación».
Todas estas iniciativas para investigar los abusos en la Iglesia han surgido después de que el pasado mes de diciembre, el Vaticano confirmara que había remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige el español Luis Ladaria, un informe sobre la situación de los abusos sexuales de la Iglesia en España para que se proceda según la «normativa canónica vigente», según reveló el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.
Se trataba de la investigación que el diario ‘El País’ entregó durante el viaje del Papa a Chipre y Grecia y que recoge 251 casos de abusos en el seno de la Iglesia española. Esta investigación también fue remitida a la Archidiócesis de Barcelona que, a su vez, la dirigió los casos a las diócesis correspondientes.
El propio Gobierno ha trasladado a la Conferencia Episcopal Española su preocupación por que todos los casos se aclaren y se resuelvan lo antes posible.
Así se lo trasladó el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, al cardenal Omella, durante la reunión que mantuvieron el pasado 18 de enero. Omella le indicó el «camino» que la Iglesia española está realizando en comunión con la Santa Sede ante los casos de abusos a menores.
Ahora, la Iglesia católica española ha decidido someterse a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores ocurridos en su seno, una opción que hasta el momento la Conferencia Episcopal había descartado. En el marco de la visita ‘ad limina’ de los obispos españoles a Roma, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, rechazó el pasado mes de enero crear una comisión independiente para investigar los abusos porque consideraba que los instrumentos actuales de la Iglesia católica eran «suficientes».
Entre dichos instrumentos, se encuentran las oficinas de protección de menores y prevención de abusos abiertas en cada diócesis y en congregaciones religiosas.
Además, el pasado mes de noviembre la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó un Decreto General sobre la protección de menores para afrontar los casos de abusos sexuales, aunque al mismo tiempo el propio secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, descartaba que se fuera a realizar «una investigación estadística o sociológica» al respecto.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene un tuit fijado en su cuenta de Twitter en el que explica que la Iglesia vive «con dolor» y «gran vergüenza» la aparición de estos casos de abusos; que «solo un caso» es algo «grave y terrible» y asegura el deseo de la Iglesia de «conocer la verdad para que no pueda volver pasar».
Para ello, explica, «la Iglesia ha abierto un camino de investigación que se concreta en oficinas cercanas a las víctimas en las que se las atiende por grupos de expertos especialmente preparados para cualquiera de las necesidades, auque el abusador haya fallecido o el delito haya prescrito».
OTRAS INVESTIGACIONES EN EUROPA
El pasado mes de octubre se conoció el informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia Francesa (Ciase), en el que ponía de manifiesto que al menos 216.000 menores habían sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes o religiosos en la Iglesia francesa desde 1950. Esta comisión fue creada en 2018 a petición del episcopado y de los institutos religiosos tras varios escándalos.
Aunque estaba previsto que el Papa recibiese en el mes de diciembre al presidente de esta comisión, Jean-Marc Sauvé, la reunión feuue aplazada por el Pontífice y de momento no se ha producido. Precisamente, ocho miembros de la Academia Católica Francesa elaboraron otro informe que criticaba el análisis de CIASE al acusarlo de inflar los datos. Sin embargo, el presidente de los obispos franceses, Éric de Moulins-Beaufort, respondió a sus detractores con una tribuna de opinión en el diario ‘La Croix’ en la que aseguraba la seriedad del informe.
En Alemania, un estudio encargado por el arzobispado de Múnich a un despacho de abogados documentaba 497 casos y suscitó polémica al criticar la actitud de Benedicto XVI cuando era arzobispo de esta diócesis. El papa emérito rectificó su respuesta inicial reconociendo su presencia en una reunión sobre un sacerdote acusado de abusos, una negación que el papa emérito atribuyó a un «despiste», al tiempo que lamentó que le llamaran por ello mentiroso.
Además, en marzo de este mismo año se hizo público un informe independiente de 800 páginas sobre los casos de abusos en la archidiócesis de Colonia, realizado por un bufete de abogados, y encargado por su arzobispo, el cardenal Rainer María Woelki. La investigación dio a conocer 314 casos de víctimas de abusos sexuales cometidos entre 1975 y 2018 y provocó la dimisión del entonces arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, y la apertura de una investigación por encubrimiento por parte del Papa.
Previamente, en septiembre de 2018, los obispos alemanes hicieron público un informe en el que contabilizaban 3.677 casos de abusos sexuales a niños y jóvenes por parte de 1.670 clérigos entre 1946 y 2014.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) tomó la decisión en noviembre de que una comisión independiente investigue todos los casos ocurridos desde 1950 hasta 2022 y remitirá las denuncias a la Fiscalía General. La Comisión se ha fijado finales de 2022 para culminar el estudio y las víctimas contarán con total anonimato a la hora de contar sus testimonios.
