El Congreso de los diputados considera necesario reforzar los exámenes de idoneidad a los que somete a los candidatos a las presidencias de los órganos reguladores y las autoridades independientes y que, en general, se requiera mayoría cualificada y el concurso de más de un grupo parlamentario para que obtengan ese aval parlamentario.
Así lo ha acordado la subcomisión encargada de elaborar un informe con medidas para mejorar la independencia e imparcialidad de estos órganos, un documento que tendrá que ser aprobado por la Comisión de Calidad Democrática para después ser elevado el Pleno del Congreso.
Entre los órganos afectados figuran la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Consejo de Transparencia, mientras que el Banco de España quedaría fuera.
Según han precisado fuentes parlamentarias la subcomisión ya ha incorporado al dictamen la propuesta auspiciada por el PSOE y Más País para que, en lugar de ser las comisiones sectoriales que funcionan en el Congreso las que examinen a los aspirantes a los distintos órganos, lo haga un órgano ‘ad hoc’.
Ahora en esta tarea suelen intervenir esas comisiones sectoriales o bien la denominada Comisión Consultiva de Nombramientos. Pero la subcomisión, con apoyo de socialistas, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, y el voto en contra de PP y PNV, se ha mostrado partidaria de crear un órgano más especializado para esta función.
«Podría ser una Comisión Consultiva de Nombramientos reforzada en sus funciones», sugiere el texto, que apunta que, además de ocuparse de examinar a los candidatos este órgano debería controlar el posterior desempeño de dichas autoridades».
‘HEARINGS’ COMO EN ESTADOS UNIDOS
En este apartado se incorporó también una enmienda de Ciudadanos –a la que el PP se opuso– que apuesta por modificar el propio formato de las comparecencias de los aspirantes para poder garantizar la «correcta fiscalización» de los candidatos por parte de los grupos parlamentarios.
Así, el texto final plantea la conveniencia de imitar el modelo de ‘hearings’ de países anglosajones, como Estados Unidos, donde, incide el informe, «se produce una seria y exhaustiva investigación sobre le perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección».
Ciudadanos también intentó que se concretara en tres quintos la mayoría cualificada necesaria para aprobar ese aval de idoneidad, pero la subcomisión rechazó la propuesta y el informe no será tan específico. Se limitará a señalar esa mayoría cualificada que, eso sí, tendrá que salir de, al menos, dos grupos parlamentarios.
Además, para reforzar la imparcialidad e independencia de los máximos dirigentes de estos órganos y que puedan «hacer frente a las presiones», el informe blinda su «inamovilidad». «Esto es, que existan unas causas tasadas de cese recogidas en la ley, que conlleve que ningún responsable de autoridades independientes pueda ser cesado por razones ajenas a las razones objetivas de especial gravedad contempladas en la legislación».
La subcomisión, pese a la oposición del PSOE y Unidas Podemos, y a propuesta del PP, incluyó también en este apartado el término «remoción» junto al de la «inamovilidad» aunque, en la práctica, vienen a significar lo mismo.
Aunque la idea es reforzar el papel del Congreso tanto en los exámenes a los candidatos como en el control posterior de estos órganos, será el Gobierno el que siga proponiendo a sus máximos responsables.
Inicialmente, el PSOE y Más País habían abogado por modificar la ley para que todos estos directivos fueran elegidos con el método del concurso público que ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y así lo plantearon en el borrador del informe.
Sin embargo, al final el PSOE renunció a esa idea en una enmienda que fue aprobada con apoyo del PP. Por contra, Ciudadanos, que siempre ha defendido concursos públicos para la elección de este tipo de cargos, no presentó enmiendas a este punto, como tampoco hicieron Unidas Podemos, ERC ni Bildu.
Además de una serie de enmiendas técnicas pactadas entre el PSOE y el PP, la subcomisión también aprobó una pactada por los ‘populares’ y Más País para que, en la selección de los candidatos se garantice la igualdad de género, tal y como establece la Ley de Igualdad.
ÓRGANOS AFECTADOS
Las recomendaciones de la subcomisión afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Quedaría fuera el Banco de España. En este contexto, la subcomisión aprobó una enmienda del PSOE para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, pero también avaló otra de Más País que apuesta por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.
La subcomisión volverá a reunirse el próximo 9 de marzo para analizar un nuevo paquete de enmiendas y con la intención de dejar listo el informe para elevarlo a la Comisión de Calidad Democrática, y después, previsiblemente en abril enviarlo al Pleno para su ratificación.
