La Audiencia Nacional juzga a partir de este martes al etarra Gorka Palacios Alday, que se enfrenta a una petición de 316 años de cárcel por el atentado que la banda cometió en mayo de 2001 en una sucursal del BBVA situada en la calle Goya de Madrid, que causó heridas a 18 personas y cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindantes.
En su escrito de acusación, la Fiscalía interesa la condena por un delito de estragos terroristas, por cuatro delitos de atentado terrorista contra persona con causación de lesiones graves, por 14 delitos de atentado terrorista contra persona con causación de otras lesiones, por un delito de robo con finalidad terrorista, y por un delito de falsificación de documento oficial cometido por particular con finalidad terrorista.
Todo ello, como recuerda el Ministerio Público, por el ataque perpetrado por el comando ‘Buru ahuste’ y que habría cometido con Belén Egües y Fermín Vila Michelena. Este último ya fue condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a un total de 314 años de cárcel por su implicación en los hechos.
Fue entre la tarde del 7 de mayo de 2001 y la mañana del día siguiente cuando los tres terroristas habrían robado un Renault Clio situado en la calle Luis Hoyos de Sáinz, en la capital de España. En este punto, el acusado «le sustituyó las placas de matrícula por otras inauténticas que les había proporcionado la banda terrorista», colocando en la misma «la señalada carga explosiva, la cual se iniciaba de forma eléctrica y con temporizador».
Unos días más tarde, el 11 de ese mismo mes, Vila Michelena aparcó el coche la acera a la altura del número 14 de la calle Goya, frente a las puertas de acceso a las oficinas del BBVA. Eran las 23.45 horas. Mientras tanto, Egües realizaba labores de vigilancia. El comando huyó tan solo unos minutos antes de que el artefacto detonase.
Antes de que el vehículo explotase, hiriendo a 18 personas y provocando cuantiosos daños materiales en los vehículos y edificios colindantes, Palacios realizó una llamada a los Bomberos. «A ver, escuche atentamente porque sólo se lo voy a decir una vez. Le llamo en nombre de ETA para decirle que en la calle Goya hay un coche explosivo entre la calle Serrano y la calle Príncipe de Vergara», avisó.
En esa llamada, el acusado reiteró la advertencia: «Un coche explosivo… En la calle Goya», dijo antes de cortar la comunicación. Los efectivos devolvieron la llamada al teléfono móvil desde el que se realizó el primer contacto. «Sí, se acabó, ya está puesto en el BBVA», volvió a confirmar Palacios.
Para el fiscal, «la finalidad del acusado era causar con la explosión los mayores daños personales y materiales, razón por la cual, no sólo comunicó telefónicamente la colocación del artefacto con muy poca premura, sino que, además, se eligió un lugar céntrico de Madrid muy transitado y rodeado de viviendas y locales comerciales».
UNO DE LOS MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE ETA
Palacios fue considerado uno de los miembros más activos de la organización desde que comenzó su actividad terrorista en los años 90, llegando a formar parte del ‘comando Madrid’, por el que se le atribuyeron diversos atentados.
En 2003, siendo uno de los etarras más buscados por las Fuerzas de Seguridad, asumió el cargo de jefe de los comandos de ETA, responsabilidad que compartió con Ibón Fernández Iradi, ‘Susper’, hasta su detención en Pau (Francia) en diciembre de ese año.
Las autoridades francesas entregaron en abril de 2018 a Palacios tras cumplir sus penas en las prisiones de Saint Maur y Châteauroux. El tribunal de lo Criminal de París le condenó a 18 años de prisión en 2009 y un año después la justicia francesa lo entregó de manera temporal a España para que fuera juzgado por la Audiencia Nacional, que le impuso 83 años de cárcel por el atentado cometido contra el Ministerio de Justicia del 10 de julio de 2001, en el que falleció el policía nacional Luis Ortiz, y resultaron heridas a otras 20 personas.
Tras permanecer casi dos años en las cárceles de Soto del Real y Estremera, fue devuelto en 2012 al Estado francés y encarcelado en Saint Maur, donde pasó 18 meses, hasta que entregado temporalmente a España para un nuevo juicio. En 2013 regresó a Saint Maur, donde permaneció hasta 2018.
