La Comisión de Derechos Sociales del Parlament ha aprobado este miércoles la creación de un grupo de trabajo de expertos sobre el impacto del Covid-19 en las residencias, con los votos a favor del PSC, ERC, Junts –partidos que lo han propuesto– y Vox, y la abstención de la CUP, comuns y Cs.
Cada grupo parlamentario podrá proponer un experto que formará parte del grupo de trabajo, encabezado por la misma presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Mónica Ríos (PSC), y que podrá reunir de manera autónoma o con los diputados para averiguar «qué fue lo que pasó», según el diputado socialista Raúl Moreno.
Los centros residenciales catalanes han registrado 9.628 defunciones desde el inicio de la pandemia derivadas del Covid-19, con datos a 14 de febrero, ha explicado la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, en una sesión informativa en dicha comisión.
Cervera, que ha comparecido para valorar el impacto de la quinta y la sexta ola del Covid-19 en las residencias de personas mayores, ha asegurado que la vacuna y los cribados ha sido las herramientas principales de las dos últimas olas.
Ha detallado que, durante la primera ola, aunque no se contaba con tantos PCR ni test de antígenos rápidos (TAR), hubo 14.857 casos y 5.963 defunciones, mientras que en esta última ola se han registrado otros 15.000 casos y 401 defunciones.
La consellera ha afirmado que la variante ómicron ha entrado en gran medida en las residencias, pero los efectos de la vacuna han evitado lamentar un número de defunciones tan elevado como el de las primeras olas, a su juicio.
PROTOCOLOS
En cuanto a los protocolos ha dicho que las residencias «tienen que empezar a ser espacios más abiertos», referida a las medidas de convivencia y visitas.
Raúl Moreno (PSC) ha criticado la disparidad de criterios, el exceso de protocolos y la falta de mecanismos de control de los centros, y ha pedido que apliquen «algunas» de las 58 propuestas aprobadas en el Pleno monográfico de residencias de julio de 2020.
La diputada de los comuns Jessica González ha pedido un canal de comunicación «fácil» para que las familias puedan dirigir sus quejas a la Generalitat si se vulnera el derecho a tener un contacto normalizado con sus familiares.
La diputada de Vox María Elisa García ha reprochado a la consellera que Catalunya tenga «las medidas restrictivas más severas de España» y ha considerado que no tienen información de los centros y su gestión es opaca.
Según la CUP, la mayoría de plazas residenciales estén gestionadas por empresas y entidades privadas que «rebajan las condiciones laborales de los trabajadores», tienen horarios abusivos –ha sostenido la diputada Basha Changue– y, también en sus palabras, degradan las condiciones de los residentes con menos cuidados, menos higiene y peor alimentación.
En su intervención, el diputado Joan García (Cs) ha subrayado que «se ha perdido el control y la gestión de las residencias concertadas por la Generalitat», pero cree que el modelo público privado puede funcionar con una mejora del modelo a cargo de la conselleria.
VACACIONES E INFANCIA
La titular de Derechos Sociales también ha explicado la partida de 600.000 euros para que unos 7.000 niños en situación vulnerable puedan participar en actividades de ocio educativo durante las vacaciones; el programa ‘L’Estiu és teu’ beneficiará a 1.300 más con 500.000 euros; y el programa para niños con discapacidades Respir, que aumenta su presupuesto hasta los 300.000 euros para superar la cifra de 96 monitores adicionales contratados el verano de 2021.
Moreno (PSC) ha afirmado textualmente que echa en falta cuál es la estrategia para hacer frente a la pobreza infantil del Govern, y Changue (CUP) ha insistido, sobre los contratos programa, en que se garanticen los recursos humanos para que los entes locales puedan implementarlos.
Desde Vox, han considerado que la administración en Catalunya no ha adecuado y dirigido sus acciones hacia una perspectiva de familias; los ‘comuns’ han criticado que el modelo no funciona porque no endereza las causas estructurales de la pobreza infantil y, a su vez, Cs ve insuficiente el incremento de los recursos económicos para el ocio educativo.
La Comisión de Derechos Sociales del Parlament también ha aprobado el dictamen de la proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, cuyo debate y votación final se abordarán en el pleno previsto para el 22, 23 y 24 de febrero.
