La asociación Xuntos por Galicia, que ejerció la acusación en el proceso contra un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo y el gerente de una concesionaria por el ‘enchufe’ de una cuñada de Carmela Silva, ha solicitado a la Audiencia que ambos condenados abonen los intereses devengados en la indemnización que han tenido que pagar al Ayuntamiento de Vigo.
Así, la Audiencia condenó al funcionario (ahora jubilado), Francisco Javier G.O., a la pena de 5 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad; y al gerente, Ramón C.A., a un año y medio de prisión. Ambos debían indemnizar solidariamente al Ayuntamiento en algo más de 108.000 euros, que fue el dinero que cobró la cuñada de Silva por los varios contratos suscritos, y por unos trabajos que no llegó a realizar.
Los dos han pagado ya la responsabilidad civil, por esos 108.000 euros, pero la asociación Xuntos se ha dirigido a la Audiencia para reclamar que abonen también los intereses devengados, y que cifran en unos 15.750 euros.
SUSPENSIÓN DE LA PENA
Los dos condenados por este caso se han dirigido a la Audiencia Provincial para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión. En el caso del gerente de la concesionaria, su representación legal sostiene que, pagada su parte de la indemnización, y con una pena inferior a dos años de cárcel, sin antecedentes, Ramón C.A., no debe ingresar en prisión.
En el caso del exfuncionario, su representación ha pedido paralizar la entrada en prisión en tanto no se resuelva su petición de indulto parcial, dirigida al Ministerio de Justicia a mediados de diciembre pasado.
PETICIÓN DE INDULTO
Francisco Javier G.O., que pidió la jubilación voluntaria tras la sentencia (ya declarada firme por el Tribunal Supremo) y se trasladó a vivir a Cantabria, expone para respaldar su petición de indulto que es «un delincuente primario», que no tiene antecedentes ni posibilidad de reincidir.
En el escrito remitido al Ministerio de Justicia, se hace un relato pormenorizado de los méritos que justificarían la medida de gracia. Así, se recuerda que el funcionario jubilado ha dedicado la «práctica totalidad» de su vida a defender los derechos de los trabajadores, que es afiliado a la UGT y al PSOE, o que se ha formado profesionalmente para progresar dentro de la administración municipal.
En la misma línea, se utiliza como argumento en favor del indulto su edad (65 años) y el hecho de que ya ha pagado al Ayuntamiento de Vigo su parte de la indemnización. Además de su «trayectoria intachable», también se pone de manifiesto que el exfuncionario «se muestra tremendamente arrepentido» y que «nunca se lucró personalmente» por los hechos por los que fue juzgado y condenado. «El ingreso en prisión de Francisco no serviría en absoluto para su reinserción o rehabilitación», señala la petición.
