La asociación balear de profesores ‘PLIS. Educación por favor’ ha celebrado este martes el debate en el Parlamento Europeo sobre la inmersión en catalán en la escuela, a raíz de la denuncia de colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) para que la Generalitat «cumpla la sentencia de impartir un 25% de clases en castellano».
En declaraciones, el secretario de ‘PLIS’ y portavoz adjunto, Julián Ruiz-Bravo, ha sostenido que el caso en Cataluña «es idéntico al de Baleares», donde «ningún proyecto lingüístico de centros públicos respeta la jurisprudencia» y «se arrincona al castellano».
Ruiz-Bravo ha señalado que los tribunales «han determinado claramente» que se está vulnerando la ley en Cataluña, y sin embargo, tanto allí como en Baleares, todo sigue «igual», ha lamentado. «Seguimos con proyectos de inmersión pura y dura, y sin ninguna voluntad por parte de la Conselleria de dictar instrucciones para que cambie», ha denunciado.
Por ello, Ruiz-Bravo ha aplaudido que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara haya decidido mantener el caso abierto, y ha confiado en que se escuche la petición de la solicitante de enviar una delegación de europarlamentarios a investigar.
El portavoz adjunto de PLIS ha deseado también que esta investigación tenga efectos también en Baleares, si bien ha recordado que el Supremo ya ha dictado sentencia pero «los políticos deciden no cumplir las sentencias y no les pasa absolutamente nada».
En esta línea, PLIS ha lamentado que haya «que recurrir a las instituciones europeas porque las españolas no funcionan».
Desde la entidad han vuelto a insistir en que la inmersión «es ilegal, aparte de ser una barbaridad pedagógica»: «Se obliga a alumnos desde pequeños a estudiar en una lengua que no dominan, cuando sería muy fácil utilizar las dos de forma más o menos equilibrada, por razones políticas y no pedagógicas ni didácticas», ha protestado Ruiz-Bravo.
La Comisión decidió mantener abierta la petición, que ha contado con el apoyo de los grupos de derecha; PP, liberales y conservadores. En este sentido, la ‘popular’ balear Rosa Estarás criticaba la «imposición» del catalán en el modelo educativo de Cataluña, alertando de que «lesiona la convivencia».
Después del debate suscitado por la demanda de Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe, la presidenta de la comisión, Dolors Montserrat, anunció que enviarán un requerimiento a las autoridades españolas, «es decir al Gobierno y a la Generalitat, para que se cumpla la sentencia». El presidente del PP, Pablo Casado, apoyó en Bruselas la petición de la asociación y afeó al PSOE su voto en contra.
Por su lado, una representante de la Comisión Europea señaló que se trata de una cuestión interna española que tiene que dirimirse de acuerdo al régimen constitucional, apuntando que Bruselas «no tiene motivos» para pensar que el Estado de Derecho no se esté respetando en España.