El Ministerio de Justicia ha pedido este miércoles a las asociaciones de fiscales y de letrados de la Administración de Justicia –antes denominados secretarios judiciales– que hagan llegar sus propuestas sobre las medidas a implantar para que los juzgados y tribunales recuperen la normalidad tras la pandemia del coronavirus lo antes posible.
Una petición que se ha realizado en sendas reuniones que el Ministerio ha mantenido este miércoles por videconferencia con los representantes de las asociaciones de cada colectivo, en las que se ha abordado los planes para la reactivación de la Justicia una vez se levanten las medidas impuestas en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria.
En ambos encuentros, el Ministerio ha indicado que el objetivo general perseguido es garantizar la salud de todos los funcionarios y profesionales que prestan sus servicios en juzgados y tribunales, así como de los ciudadanos que acuden cada día a ellos. Por ello, ha informado de que se distribuirán las medidas de protección necesarias para evitar nuevos contagios.
También ha indicado que el otro objetivo a conseguir es garantizar que la Justicia, como elemento fundamental para la dinamización y la recuperación económica tras el confinamiento, no se pare.
MEDIDAS NORMATIVAS, ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS
En este sentido, el Ministerio ha pedido a las asociaciones de fiscales y secretario judiciales que les envíen sus propuestas normativas, organizativas y tecnológicas para estudiar su inclusión en la hoja de ruta para afrontar la salida de la crisis del Covid-19.
Unas medidas que están siendo consensuadas con los distintos colectivos profesionales y con la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia –que reúne al Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo General de la Abogacía y las comunidades autónomas competentes en la materia–.
Así, el ministro ha explicado que se desarrollaran tres instrumentos, ya consensuados con dicha Comisión. Por un lado, se aprobará un decreto-ley para implantar las medidas más urgentes tras el estado de alarma, a lo que se sumará una ley centrada en la transformación digital para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales.
Además, el Consejo General del Poder Judicial prepara, con el consenso del Ministerio, un ‘plan de choque’ para evitar el colapso en las jurisdicciones social y contencioso-administrativo, y en los juzgados de lo mercantil, que deberá ser aprobado por el Gobierno en un plazo no superior a dos semanas desde que se levante el estado de alarma.
El primer encuentro ha comenzado a las 10.00 horas de este miércoles y ha sido con las tres asociaciones de fiscales. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido la reunión y ha estado acompañado por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues, y la directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste.
Por parte de las asociaciones, han estado presentes, la presidenta de Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, y miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y exportavoz de la asociación Salvador Viada.
PROPUESTAS DE FISCALES
Precisamente estas tres asociaciones se reunieron este martes con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para tratar la implantación de medidas para la vuelta al trabajo tras la pandemia del Covid-19. En ella, la AF, UPF y APIF insistieron en la necesidad de derogar urgentemente el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone fecha tope a los plazos de instrucción de las causas penales, ya que una vez que se reactiven los plazos procesales va a ser más difícil el control de los plazos de instrucción previstos en ese precepto.
Una reclamación que han vuelto a exponer en la reunión con el ministro, pues han pedido su inclusión en el real decreto que se está preparando sobre las medidas a desarrollar a corto plazo. Sin embargo, según ha informado la AF en un comunicado, Campo les ha trasladado que esta pretensión no se considera urgente porque la derogación de este precepto se encuentra en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, fuente de las asociaciones de fiscales aseguran a Europa Press que las propuestas que se trasladarán al Ministerio de Justicia serán las mismas o similares a las que ya se han puesto de manifiesto ante la Fiscalía General del Estado, como garantizar medidas que garanticen la seguridad en las dependencias judiciales y en la celebración de juicios, el impulso del uso de medios telemáticos y de videoconferencias y refuerzo de personal.
Dos horas más tarde ha tenido lugar la reunión con los secretarios judiciales, cuyos representantes han sido el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLJ), Rafael Lara; la portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Lidia Urrea; la portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), Marta Urbano; y el presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ), Ángel Maraver.
Este encuentro ha tenido lugar con el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; mientras que el ministro se ha incorporado en el tramo final de la reunión para «agradecer el compromiso y el trabajo que está desempeñando el colectivo desde el comienzo de la crisis», según ha informado su departamento en una nota de prensa.
