La Policía Nacional ha detenido a once personas presuntamente vinculadas a una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal a través de la captación de marroquíes en situación irregular que residían en España, a quienes ofrecían un contrato de trabajo en una empresa de pescado de Motril (Granada) y la posibilidad de obtener una tarjeta de residencia a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales podían llegar a alcanzar hasta los 3.000 euros.
El presunto artífice de esta trama es un hombre de nacionalidad española y 59 años que actuaba como empresario al frente de una sociedad limitada con domicilio social en Motril, siendo su objeto social la compra y venta de pescado fresco y congelado. Junto a él han sido detenidos diez súbditos marroquíes de entre 21 y 53 años. Todos ellos se encuentran en libertad y a la espera de comparecer en juicio, según detalla en una nota el Cuerpo Nacional de Policía.
El modus operandi de esta red delictiva giraba en torno a la captación, a través de otras dos personas de origen marroquí, de ciudadanos de esta misma nacionalidad que se encontrasen de forma irregular en España y deseasen regularizarse. Una vez contactados, se les ofrecía un contrato de trabajo en la mencionada empresa y la posibilidad de conseguir a través del mismo un permiso de residencia, todo ello a cambio de una importante suma de dinero.
Se da la particularidad de que, entre los trabajos ofertados, se encontraba el de peón marinero, aunque la Policía ha constatado que a nombre de esta empresa no constaba ningún tipo de embarcación pesquera, mercante o de recreo que justificase este tipo de contratación. Por otra parte, la empresa no acreditaba medios económicos, materiales y personales suficientes para hacer frente a las obligaciones dimanantes de los contratos ofrecidos. Además, tampoco se encontraba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
La organización criminal cobraba a sus patrocinados altas sumas de dinero, las cuales podían suponer el desembolso de hasta 3.000 euros. Sin embargo, para ganarse la confianza de los extranjeros, el empresario les ofrecía un pagaré por la misma cantidad entregada, como garantía de la obtención de la tarjeta de residencia.
No obstante, llegado el momento del cobro tras no conseguir su tarjeta, los marroquíes se encontraban que estos pagarés estaban vinculados a una cuenta sin fondos. De esta forma, no solamente perdían el dinero entregado sino que, además, la entidad bancaria les cobraba 80 euros en concepto de tramitación de los pagarés.
