El alcalde de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, tenía un proyecto estrella entre la batería de medidas de su partido, una iniciativa que permitiría unir dos partes de la ciudad separadas por agua. Esta resolución pretendía convertirse en todo un icono arquitectónico en la ciudad y solucionar el histórico problema de división entre las dos orillas. Sin embargo, los retrasos en las obras, los plazos incumplidos y la prórroga de la fecha de finalización han provocado un aluvión de críticas dirigidas al edil del municipio. Así, Hidalgo ha visto el cielo abierto con la pandemia y los fondos covid, la excusa perfecta para dar el último empujón a las obras de su proyecto estrella: la pasarela ‘Onda Atlántica’, con el que lleva años soñando con ver acabado. De esta forma, el edil decidió tramitar de emergencia un contrato de medidas para la finalización del suministro de la pasarela Puerto-Ciudad y colarlo entre los fondos covid.
La pandemia ha dado luz verde a los alcaldes de España para agilizar los procesos de determinados contratos, pero solo de los que vayan destinados a paliar las necesidades provocadas por el coronavirus. Pero, este mecanismo es muy «atractivo» para los ejecutivos, ya que puede suponer la ocasión perfecta para tramitar bajo este régimen de emergencia otros acuerdos nada relacionados con el virus, pero sí con el interés de los gobiernos. Por ello, el Tribunal de Cuentas ha realizado una investigación de la gestión de los Ayuntamientos durante la pandemia, donde ha analizado la relación de los contratos tramitados de emergencia con la adopción de medidas que permitan atender las necesidades derivadas de la situación sanitaria y que permitan hacer frente al coronavirus. Tras el estudio, los resultados han sido volcados en un informe de fiscalización sobre los Ayuntamientos de los municipios con una población superior a 300.000 habitantes durante el ejercicio del año 2020. De esta forma, el Supremo órgano fiscalizador ha puesto en evidencia al edil de Gran Canaria y sus contratos camuflados entre los destinados a combatir el virus.
El alcalde de gran canarias contrató medidas para finalizar la pasarela puerto-ciudad
El área de sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.(GEURSA) ha sido uno de las artífices de estos acuerdos colados entre los fondos covid. Este departamento registró un contrato tramitado de emergencia sobre medidas para la finalización del suministro de la pasarela Puerto-Ciudad con un presupuesto de 535.371,94 euros. Toda una suma de dinero para finalizar el proyecto ‘Onda Atlántica’, el paso elevado que conecta el Muelle Sanapú con el Mercado del Puerto. Un contrato que no tiene nada que ver con la implantación de medidas para hacer frente al Covid-19 y atender las necesidades derivadas de la situación sanitaria, sino para acelerar la finalización de un proyecto arquitectónico que ya debía haberse terminado, según las promesas del edil de Gran Canaria.
Además, la fecha en la que fue emitido el acuerdo no coincide con la del periodo de pandemia, sino que se registró antes de que comenzara. El contrato esta fechado en el 13 de febrero de 2020, un periodo en el no se consideraba que la pandemia hubiera llegado a España, ya que no había ninguna medida implada, las mascarillas no eran obligatorias, no había distancia de seguridad ni restricciones en el aforo, así todos los espectáculos, conciertos, partidos de fútbol o manifestación se desarrollaban con normalidad. Es más, el 8 de marzo de ese año se llevó a cabo la manifestación del Día de la Mujer o el partido de fútbol que enfrentaba al Betis con el Real Madrid. Con este contrato, Augusto Hidalgo demuestra que es todo un visionario y vio venir lo que nadie más preveía, tramitando un contrato destinado a hacer frente al «Covid-19» antes de que el virus estuviera en España. Más que visionario o previsor, el edil de Gran Canarias es un «avispado» que trató de colar entre los acuerdos tramitados de emergencia por la pandemia uno que no tiene nada que ver y, encima, fuera del periodo pandémico. Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas no han dejado pasar este trámite y han afeado al alcalde esta actuación.
Aunque esta no ha sido la única artimaña del Ayuntamiento de Gran Canaria. El departamento de Coordinador General de Economía y Hacienda contrató un servicio de inserción de cuñas para lanzar un mensaje de responsabilidad y apoyo a las pymes, así como sensibilizar a los consumidores con un presupuesto de 3.500 euros. El ejecutivo local quiso demostrar su compromiso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que sufrieron un duro golpe durante la crisis sanitaria. Por ello, Hidalgo, el acérrimo defensor de estos empresarios quiera que todo el mundo, o por lo menos todo su municipio, conociera su compromiso con las pymes, y que mejor forma que a través de anuncios para lanzar su mensaje. Además, este mismo departamento contrató cuñas en varios medios de comunicación para difundir información a la ciudadanía sobre las ayudas sociales y ayudas a las pymes y autónomos con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID19. Las empresas informativa elegidas por el ejecutivo de Hidalgo fueron Cope Gran Canaria, con un presupuesto de 6.000 euros; La Provincia por una suma de 10.000 euros; Onda Cero, por una cantidad de 6.006 euros; y Canarias Radio por 4.000 euros. También registraron la contratación por un banner publicitario para difundir la misma información que en las radios y con un presupuesto de 8.000 euros.
El Tribunal de Cuentas ha cazado así al edil de Gran Canaria y sus contratos que poco o nada tienen que ver con el virus y mucho menos con frenar su expansión y combatirlo. Y es que los fondos covid son una mina para los Ayuntamientos españoles. Muchos de los ediles de España han aprovechado la coyuntura de la pandemia para tramitar contratos de emergencia que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria y colarlos entre la batería de acuerdos de los fondos covid. Algunos de los ayuntamientos que han utilizado estos contratos tramitado de emergencia son el de Sevilla, Valencia, Barcelona o Zaragoza.
