Los Tokens No Fungibles o NFT, por sus siglas en inglés, son códigos que certifican la propiedad de un activo digital. Pueden contener archivos de cualquier tipo como piezas musicales, imágenes, vídeos, artículos de videojuegos o cualquier activo digital. No son una alternativa al dinero real, pero los activos que certifican sí son objeto de comercio.
Al igual que las criptomonedas, los movimientos con NFT tienen implicaciones legales que se deben tener en cuenta. En ese contexto, el servicio legal de Attolon ofrece asesoría jurídica para llevar a cabo transacciones con NFT, sin sufrir riesgos.
Las implicaciones legales que suponen los NFT
El marco jurídico en el que trabaja este nuevo sistema de relaciones económicas no está desarrollado completamente. Esto implica algunos riesgos en la inversión y uso de activos digitales mediante los NFT. Uno de los elementos que se espera aclarar es la naturaleza jurídica del token. El Reglamento MiCA es una propuesta del Parlamento Europeo que establece normativas para el mercado de criptoactivos.
Este documento establece diferencias entre los tipos de tokens. Principalmente existen tres: de servicios, referenciados a activos y dinero electrónico. Cada uno fija la función del token y si se emplea o no como medio de pago. Sin embargo, su carácter no fungible impide encuadrarlo en definiciones concretas.
Por otro lado, son dos los elementos claves a regular, la seguridad – privacidad y la propiedad intelectual. La primera se refiere a la necesidad de que cada acción comercial reúna condiciones mínimas que garanticen la privacidad del usuario, sobre todo en las claves criptográficas. En cuanto a la propiedad intelectual, cada persona tiene un derecho a raíz de la creación del NFT, que impide la modificación del activo.
El servicio de Attolon asigna abogados personalizados para cada caso
La empresa de servicios jurídicos Attolon se caracteriza por prestar asesoría jurídica garantizada, de forma flexible, mediante la utilización de tecnología y con los mejores abogados senior del sector al que se dedique la compañía. Las tarifas son de carácter cerrado, es decir, no se efectúan métodos de facturación por hora, reduciendo los costes notablemente.
Los clientes registran su empresa en la base de datos, explican su necesidad jurídica y reciben una propuesta en la que se definen las acciones a realizar. En caso de aceptar, acceden a la plataforma Attolon para establecer el contacto con sus abogados, simplificando procesos y ahorrando tiempo valioso. Este método modifica los procesos de cooperación para alcanzar la máxima calidad y eficiencia.
La compañía tiene oficinas en Barcelona y Madrid, pero es posible contratar sus servicios en todo el país. A través de la página web, Attolon recibe mensajes para quienes estén interesados en contactar con el grupo.
