El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo condenado por el ‘enchufe’ de una cuñada de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, en una concesionaria municipal ha solicitado el indulto parcial tras ser condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación. Asimismo, ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena prisión en tanto no se resuelva la solicitud del indulto.
Francisco Javier G.O. fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por haber favorecido la contratación de la familiar de Silva, a través de varios contratos menores, en una empresa que prestaba servicios para el Ayuntamiento. El tribunal, que también condenó a un responsable de dicha empresa, consideró probado que la cuñada de Silva percibió más de 100.000 euros por unos trabajos que no llegó a realizar.
El representante legal del condenado, que pidió la jubilación voluntaria tras la sentencia (ya declarada firme por el Tribunal Supremo) y se trasladó a vivir a Cantabria, expone para respaldar su petición de indulto que Francisco Javier G.O. es «un delincuente primario», que no tiene antecedentes ni posibilidad de reincidir.
En el escrito remitido al Ministerio de Justicia, se hace un relato pormenorizado de los méritos que justificarían la medida de gracia. Así, se recuerda que el funcionario jubilado ha dedicado la «práctica totalidad» de su vida a defender los derechos de los trabajadores, que es afiliado a la UGT y al PSOE, o que se ha formado profesionalmente para progresar dentro de la administración municipal, obteniendo «con gran esfuerzo» el título de Graduado Social por la Universidad de Santiago.
En la misma línea, se utiliza como argumento en favor del indulto su edad (65 años), su trasladado a Cantabria, y el hecho de que ya ha pagado al Ayuntamiento de Vigo los algo más de 54.000 euros que debía abonar como indemnización en virtud de la sentencia condenatoria.
Por otra parte, además de su «trayectoria intachable», también se pone de manifiesto que el exfuncionario «se muestra tremendamente arrepentido» y que «nunca se lucró personalmente» por los hechos por los que fue juzgado y condenado. «El ingreso en prisión de Francisco no serviría en absoluto para su reinserción o rehabilitación», señala el escrito.
SUSPENSIÓN DE LA ENTRADA EN PRISIÓN
Así las cosas, y dado que la petición de indulto no se ha resuelto (fue remitida a mediados de diciembre pasado), su representante ha solicitado a la Audiencia Provincial de Pontevedra que suspenda la ejecución de la pena de prisión.
En ese sentido, recuerda que, si no se suspende la ejecución de la pena, la petición del indulto quedaría sin efecto, lo que conculcaría los derechos del funcionario jubilado.
