La asociación Hablamos Español ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) contra el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo por incluir una prueba eliminatoria de gallego para conseguir el título de gestor administrativo.
La presidenta de la plataforma, Gloria Lago, ha señalado que, tal y como se recoge en la demanda presentada, «en ninguna comunidad hay autónoma hay prueba eliminatoria de lengua cooficial, ni siquiera en Cataluña, solo en Galicia».
Desde la plataforma han explicado en un comunicado que fue la queja de un joven de León interesado en optar a esta titulación, al que ya han prestado asesoramiento, el motivo por el que conocieron la publicación en el Diario Oficial de Galicia de los requisitos para obtener el título de gestor.
Por ello, han solicitado que el TSJG «declare nula, anule o revoque» y «deje sin efecto» la Resolución de 24 de mayo de 2021 y «que el Gobierno gallego se abstenga de incluir en posteriores convocatorias prueba alguna de conocimiento de la lengua gallega».
En esta línea, han explicado que a estas pruebas se pueden presentar personas de cualquier comunidad autónoma de España y también los ciudadanos del resto de Estados miembros de la Unión Europea que tengan acuerdos de reciprocidad en títulos académicos.
Si bien la Comunidad Autónoma de Galicia tiene traspasadas las funciones para realizar estas pruebas de titulación de gestor administrativo y expedición del título, «estas competencias las asume teniendo que garantizar la validez de esta titulación en los mismos términos que los expedidos por el Ministerio de Administraciones Públicas».
Además, han criticado que la entidad A Mesa Pola Normalización Lingüística «se ha personado en la causa para hacer piña» con el gobierno autonómico «en su empeño en excluir de la profesión de gestor a los candidatos que no sepan gallego» y «sin importar su puntuación en las pruebas específicas de la especialidad».
Por último, desde Hablamos Español han recordado que el pasado 15 de diciembre presentaron una demanda ante el TSJG porque considerar que el Gobierno gallego «se extralimita en sus funciones colaborativas con el Ministerio e introduce de una forma completamente ilegal una prueba de conocimiento de lengua gallega atribuyéndole carácter excluyente».
