El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha culpado este jueves al actual departamento de María Jesús Montero del «varapalo» del Tribunal Europeo de Justicia sobre el modelo 720 de declaraciones de bienes en el extranjero por no haber modificado antes el mismo, a pesar de las advertencias lanzadas desde Gestha desde el año 2018.
En un comunicado, el sindicato afirma que el momento adecuado para abordar esa modificación será antes de que se regule reglamentariamente la nueva obligación de declarar las criptodivisas situadas en servidores del extranjero, que se ha aprobado en la ley de prevención del fraude de julio de 2021.
Los técnicos de Hacienda recuerdan que el exministro Cristóbal Montoro aprobó la declaración de bienes en el extranjero el 31 de octubre de 2012, como un claro acicate para mejorar los pobres resultados, a esa fecha, de la amnistía fiscal, apenas un mes de que expirara el plazo para acogerse a ella.
Desde el primer momento, Gestha se posicionó en contra tanto de la amnistía como de las «duras» consecuencias del incumplimiento de la obligación de presentación del modelo 720. Así, recuerda la sanción máxima del 150% de la cuota no pagada como una infracción tributaria muy grave, cuyos importes no guardan proporción alguna con el de las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en España.
«Este régimen de la imprescriptibilidad y de las duras sanciones, sin más graduación ni atención a las circunstancias de cada caso, como el mayor o menor saldo de la cuenta o el origen lícito o ilícito, llevó a la Comisión Europea a denunciar en junio de 2019 a España ante el TJUE porque opina que podían vulnerar cinco libertades de la UE», recuerdan desde Gestha.
Los técnicos de Hacienda reconocen la utilidad de esta información, ya que en cuatro años se tuvo conocimiento de bienes y derechos declarados por casi 141.000 millones, pero afirman que la utilidad no justifica que las consecuencias de su incumplimiento sean «desmesuradas», por lo que ha propuesto varias veces su modificación.
Por último, Gestha propone retrotraer la prescripción a los 10 años anteriores al período impositivo más antiguo entre los no prescritos desde que afloran las cuentas y los patrimonios ocultados situados en paraísos fiscales, manteniendo la calificación de «ganancias patrimoniales no justificadas» que no cuestiona el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
