La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido a la patronal que sea «coherente» y que apoye el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de la asamblea ‘La reforma laboral, oportunidades y retos’ de CC.OO. de Cataluña, junto al secretario general del sindicato, Javier Pacheco.
Ha añadido que se va «a subir el salario mínimo interprofesional, porque es bueno como política de rentas y para los trabajadores y trabajadoras», y también que es la mejor arma para luchar contra la precariedad laboral.
Díaz ha señalado que las negociaciones para la reforma laboral «permiten vislumbrar diferencias entre patronal y sindicatos» y que existen y son reales, pero que a la vez ambas partes han sido capaces de recapacitar y colocar en el centro los problemas estructurales del mercado laboral.
Para la ministra, la aprobación de la reforma es algo «histórico» porque es la primera gran reforma estructural –después de más de 50 reformas laborales en España– por su extensión, complejidad y porque aborda elementos centrales del núcleo del derecho laboral español, y la primera que se salda con el acuerdo tripartito.
CAMBIO DE PARADIGMA
Ha dicho que siente que los trabajadores hayan tardado diez años en recuperar aspectos como la ultraactividad indefinida, la preferencia del convenio de sector o una gestión de la subcontratación española mediante el convenio de empresa.
La ministra ha afirmado que «la lógica ha ganado» porque la nueva norma cambia el paradigma y no habrá que despedir, y ha recalcado que España estaba acostumbrada a saldar las crisis con ajustes en el empleo y despidos masivos.
Así, ha añadido que «la norma hace de la normalidad el contrato estable y hace desaparecer el contrato casi abusivo por excelencia o causante de las grandes irregularidades, el de obra y servicio», y que, de casi 20 millones de contratos de trabajo, más de ocho son por obra y servicio determinados.
Yolanda Díaz ha reconocido que CCOO de Cataluña ha estado a la altura de las circunstancias en la gestión de una crisis de salud pública como «nunca antes había sucedido».
