La red ciudadana Sare ha pedido este martes excarcelar ya a 63 presos de ETA argumentando que tienen cumplidas las tres cuartas partes de la condena y hacer lo mismo con otros 19 internos de la banda terrorista, de los cuales dicen que están gravemente enfermos. En este sentido, ha arremetido contra la «justicia patriótica» por su «preocupante deriva involucionista» y contra el Gobierno vasco, al entender que «tiene la obligación» de hacer «una nueva política penitenciaria».
En rueda de prensa en San Sebastián, los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga, acompañados de los juristas Iñaki Lasagabaster y Ramón Zallo, han presentado un informe sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA desde 1987/1989, cuando se puso en práctica una «política penitenciaria de alejamiento y dispersión» que, según recuerdan, afecta todavía a aproximadamente un 50% de los condenados por terrorismo.
En este sentido, han denunciado que «la inmensa mayoría de los presos etarras se encuentran bloqueados en segundo grado, lo que lesimpide avanzar hacia la libertad condicional, una vez cumplida las tres cuartas partes de su condena». «Hoy 63 de estos presos podrían estar en sus casas, con el cumplimiento de este requisito», han defendido.
También han indicado que «hay 19 presos gravemente enfermos» y han recordado que «las personas que están en prisión, tienen derechos, que deben de ser respetados y garantizados, si se quiere afirmar que esta es una sociedad de derecho».
Para los portavoces de Sare debe ponerse en libertad a los presos cuando se les detecta «enfermedades graves», a fin «de aliviar su situación o, en todo caso, procurar la estancia entre los suyos, en esta última parte de su vida».
DEJAR DE DEPENDER DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Los portavoces de Sare han señalado que «el régimen de excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de los poderes del Estado» y han destacado, en especial, la «preocupante deriva involucionista» del poder judicial.
En este contexto, han abogado por «volver a los juzgados de proximidad y dejar de depender de la Audiencia Nacional», además de permitir que «los presos puedan tener accesos a permisos, al paso a tercer grado, a las salidas que se programen, todo ello dentro de la legalidad, pero con la finalidad de permitir que quién esté en condiciones pueda desarrollar una vida normalizada fuera de la prisión».
La plataforma ha reconocido el acercamiento de los presos de ETA que estaban en «las cárceles más alejadas, como son las de Andalucía, Levante y Galicia», aunque matizando que «aún queda un largo camino por recorrer». En este sentido, han criticado «la actitud obstruccionista de una justicia patriótica, que de manera constante recurre las decisiones de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios».
Según Sare, el 90% de los presos que están cumpliendo condena en cárceles españolas llega al final de su condena clasificado en segundo grado, es decir, en régimen ordinario. La «excepcionalidad» se demuestra en que las progresiones al tercer grado son pocas: 11 (5,5% del total), cuando la media en el resto de internos es de 18,5%.
Por ello han considerado necesario «reinterpretar las leyes de excepción, revisarlas desde criterios de normalización y funcionamiento ordinario de la ley, la justicia y las instituciones penitenciarias», ya que la política penitenciaria «debe ajustarse a los mandatos legales, el respeto de los derechos fundamentales y ser acorde con lo que defienden las instituciones internacionales, expertas en Derechos Humanos».
