La Unidad de Acceso a la Justicia de la Fundación A LA PAR (UAVDI) ha atendido 1.418 casos de abuso sexual, maltrato y violencia de género y/o doméstica cometidos contra personas con discapacidad intelectual en una década.
La Fundación A LA PAR ha celebrado este martes el X Aniversario de la UAVDI y ha hecho público el balance ‘UAVDI: Resultados del Proyecto 2011-2021’, en un encuentro conducido por el director de Relaciones Institucionales de Vózpopuli, Agustín Valladolid.
Según ha informado la entidad, en el acto han participado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López; la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; y José María Macías, vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También han asistido la infanta Elena Tomás Fernández Villazala, jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, del Ministerio del Interior.
En nombre de A LA PAR han intervenido su presidenta, Almudena Martorell, y el director de la UAVDI y autor del informe, Jacobo Cendra, quien ha dicho que sin la figura del Facilitador –un profesional que ejerce de puente comunicativo entre la persona con discapacidad intelectual y la Administración de Justicia–, «el 67% de los casos eran sobreseídos» y que, con su intervención, el porcentaje baja hasta el 24%.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha insistido en que desde el Ejecutivo regional trabajan «con toda la intensidad en la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del tipo que sea», haciendo todo lo que está en su mano «para que puedan participar plenamente en aquello que tenga relación con el servicio público judicial».
Para Segarra, la figura del Facilitador es «fundamental para las personas con alguna discapacidad intelectual que se vean inmersas en un procedimiento judicial».
LA JUSTICIA EN 2011, «DEMASIADO ALEJADA»
Por su parte, la presidenta de la entidad, Almudena Martorell, ha afirmado que «Justicia estaba en 2011 demasiado alejada de las personas con discapacidad intelectual». «Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más próximos estos procedimientos diseñando respuestas específicas», ha recordado.
Respecto a las cifras que recoge el informe destaca que un 71% de los casos atendidos por esta unidad especializada tuvieron como víctima a una mujer, y en un 35% de los casos la víctima era menor de edad cuando se cometieron los hechos delictivos.
En su intervención, el vocal del CGPJ José María Macías se ha referido al Convenio suscrito en mayo de 2019 entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación, con el que se pretende «dar carta de naturaleza ante los tribunales a la figura de los facilitadores y también para contribuir a la formación de los jueces en materia de relación con las personas con discapacidad intelectual».
El citado convenio, que califica como «realmente precursor», ha de servir «para motivar al legislador y administraciones públicas a progresar en la implementación de medidas de apoyo en los procesos que afecten a las personas con discapacidad intelectual».
Entre los retos de futuro, la Fundación ha destacado generalizar la herramienta del facilitador, más recursos y formación en discapacidad dentro de la magistratura, y consolidar su transición de unidad ‘vigilante’ del delito contra personas con discapacidad intelectual a Unidad ‘facilitadora’.
