El Gobierno y la Iglesia católica han explicado desde este lunes dos versiones opuestas sobre el acuerdo al que han llegado sobre inmatriculaciones. Según el Ejecutivo, han acordado que 1.000 bienes fueron inmatriculados indebidamente por la Iglesia, mientras que los obispos aseguran que se trata de 1.000 errores, es decir, un millar de bienes que fueron adjudicados erróneamente por el Gobierno a la Iglesia pero que no son suyos y, por tanto, no pueden devolverlos.
Así, por parte del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que se trata de «un primer acuerdo en torno a un millar de bienes que fueron inmatriculados de manera indebida sin título, sin causa, por parte de la Iglesia» y sobre los que ahora van a «iniciar el proceso de regularización».
«De esos 34.000 bienes, 20.000 son lugares de culto y otros 14.000 son ajenos al culto, es ahí donde hemos empezado y centrado nuestro trabajo. Sobre 14.000, 1.000 suponen en torno a un 7%, pero no es una cuestión porcentual sino poner en valor la buena política», ha explicado Bolaños en una entrevista en TVE.
Según ha precisado el ministro, este acuerdo reconoce «un millar de bienes que fueron inmatriculados de manera indebida» por la Iglesia y ahora van a «poner esos bienes a disposición de los ayuntamientos para que sus legítimos titulares, los propios ayuntamientos o terceros puedan recuperarlos». «Esos 1.000 bienes pasan a titularidad pública», ha afirmado.
En concreto, ha puntualizado que el jueves se reunirá con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para entregarle el listado de bienes, de forma que sean los municipios los que busquen «quiénes son los legítimos propietarios» para iniciar el proceso de «regularización».
Esta versión del acuerdo contrasta con la que ha ofrecido la Conferencia Episcopal Española, la cual asegura que lo que han entregado al Gobierno es un informe con «un millar de errores», es decir, en torno a mil bienes que habrían sido adjudicados erróneamente a la Iglesia y que, por lo tanto, no pueden devolver.
«NUNCA SE HABLA DE DEVOLUCIÓN»
«Nunca se habla de devolución», ha precisado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este martes, en una entrevista en la COPE.
Según ha precisado, en muchos casos «había duplicados», en otros «faltaba información» y también han detectado «algunos casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo pantanos y por eso no forman parte de la propiedad ni de los ciudadanos ni de la Iglesia».
Este informe con las incidencias es el que, según señalan, entregaron este lunes al Gobierno, en el marco de la reunión que mantuvieron el presidente de la CEE, Juan José Omella, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Según explicaron fuentes conocedoras del informe, el documento elaborado por la Conferencia Episcopal señala algunas incidencias en el listado entregado por el Gobierno al Congreso, entre ellos, «errores de doble inmatriculación, inmatriculaciones que la Iglesia no reconoce o inmatriculaciones que tienen otros titulares como ayuntamientos, otras congregaciones religiosas, etcétera, y bienes que no son o nunca han sido de la Iglesia».
2.575 INCIDENCIAS
En concreto, según el informe de la Iglesia, han detectado 2.575 errores en el informe del Gobierno, es decir, de los 34.976 registros incluidos en el listado, las diócesis han verificado como correctos un total de 32.401.
Entre estas más de 2.500 incidencias, en torno a un millar, en concreto, 949 son bienes sobre los que la Iglesia afirma que no son o nunca han sido de su propiedad: bienes sobre los que faltan datos para su identificación (608); sobre los que no consta inmatriculación (31); sobre los que se detectan errores o no consta información sobre los mismos (28); que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad (276); o que pertenecen a otras confesiones religiosas, como los judíos o los evangélicos (6).
Asimismo, la Iglesia ha detectado 78 bienes del listado del Gobierno que pertenecen a comunidades religiosas u otras entidades religiosas; 111 bienes duplicados; 746 que fueron inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998-2015; y 691 bienes que se adquirieron por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia).
LA RESPUESTA DE LAS DIÓCESIS
Este martes, las diócesis están explicando los errores que se refieren a su competencia. En concreto, la de Osma-Soria, ha querido aclarar que es «falso afirmar que la Iglesia se ve obligada a devolver bienes de los que se ha apropiado de manera indebida».
Tras una primera revisión del texto, la diócesis señala que, en su caso, la «diferencia» entre el listado ofrecido por el Gobierno y el que la propia diócesis ha verificado es de 182 registros, de los cuales «5 corresponden a duplicados (bienes que aparecen repetidos en el listado), 170 a insuficiencia de datos para identificar (registros que, por falta de información, resultan desconocidos para la diócesis) y 7 a inmatriculaciones anteriores a 1998».
«No es que el Gobierno haya descubierto que la diócesis ha inmatriculado indebidamente 182 registros, ni mucho menos que se haya atribuido sin fundamento ni título un derecho de propiedad sobre estos, sino que la diócesis aclara al Gobierno los errores existentes en ese listado que afectan a esos bienes», subraya.
Por su parte, las diócesis extremeñas, de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, han anunciado su intención de realizar un «análisis detallado» del listado de bienes inmatriculados «en los que se haya detectado alguna clase de anomalía» a fin de «proceder a su regularización».
Según el listado, la Iglesia católica tiene a su nombre en Extremadura 67 bienes inmuebles que, o bien ha comprobado que no son suyos o bien no puede acreditar su propiedad.
Por su parte, fuentes de la Archidiócesis de Sevilla han informado que, de los 295 inmuebles que según el informe inmatriculó la Iglesia en Sevilla se constatan «incidencias» en ocho casos concretos.
«Consta la inmatriculación por parte de la Archidiócesis de cinco inmuebles a favor de órdenes o instituciones religiosas titulares de los mismos y se incluyen tres inmuebles adquiridos por otros títulos diferentes a la inmatriculación, como el caso de la compraventa, la cesión municipal y el expediente de dominio», señalan las citadas fuentes.
En Aragón, la diócesis de Barbastro-Monzón ha explicado que, de los 674 bienes que según el listado del Gobierno central se inmatricularon entre 1998 y 2015, ocho tienen otros titulares, tres han sido adquiridos por otras vías, uno se inmatriculó en otro momento y uno más está duplicado.
Le sigue en número la diócesis de Teruel y Albarracín, con 498 en el listado, de los que en 12 faltan datos para poder ser identificados; ocho no están inmatriculados; cuatro están duplicados; tres tienen otros errores; otros tres, otros titulares; dos son de comunidades religiosas; uno se adquirió por otra vía y otro se inmatriculó en otro periodo.
De la Diócesis de Jaca constan 327 bienes, si bien en once de ellos la propiedad se obtuvo por una vía distinta, cinco tienen otros titulares y uno se inmatriculó en otro momento; y en Huesca, figuran 302, pero seis se inmatricularon en otro periodo.
Atendiendo a la diócesis de Tarazona aparecen en el listado inicial con 244 bienes, pero explica que 34 fueron inmatriculados en un periodo diferente; mientras que la Archidiócesis de Zaragoza se contemplan 13 y en los 13 la Iglesia ha confirmado que fueron inmatriculados entre 1998 y 2015.
