Rafael Redondo, identificado en ‘Tándem’ como el socio de José Manuel Villarejo, ha rebajado este martes ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional el papel que se le ha atribuido en el grupo empresarial del ahora comisario jubilado, CENYT, afirmando que éste era «el único jefe» y que él era un mero «empleado» dedicado principalmente a la dirección de asuntos jurídicos, aunque ha reconocido su intervención en otros temas.
«Nunca me he sentido socio», ha dicho a preguntas de su defensa. «Esto para mí es un tema importante, porque llevo cuatro años leyendo en todas partes que soy el socio de Villarejo y se me acusa como que todo lo que hace me afecta o me beneficia», ha completado, en respuesta al fiscal anticorrupción César de Rivas.
Así, ha querido aclarar que su participación en CENYT es «mucho menos que testimonial». Según ha explicado, cuando se creó el precedente de CENYT, en 1996, era necesario que la persona que solicitaba el nombre de la nueva sociedad participara en la escritura de constitución y, al ser el encargado de dichas gestiones, tuvo que figurar con 500 de 500.000 pesetas. Desde entonces, su porción en el grupo empresarial se ha ido diluyendo hasta los «0,0017» euros, ha precisado.
Redondo ha incidido, como ya hiciera en la sesión anterior, en que su trabajo en CENYT era de «abogado de empresa» y director jurídico de los asuntos legales que les encargaban los distintos clientes, aunque también se ocupaba de cuestiones mercantiles y fiscales. «En nuestra empresa el único jefe era Villarejo», ha sostenido, para rematar: «Villarejo es CENYT».
No obstante, De Rivas ha efectuado un detallado interrogatorio para poner la lupa sobre las intervenciones concretas que Redondo habría tenido en los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, donde CENYT habría espiado a despachos de abogados, empresas y particulares por mandato de sus clientes, y por los que el Ministerio Público pide que sea condenado a 102 años de cárcel.
«YO SOY UN EMPLEADO Y ME REQUIEREN»
El acusado ha reconocido que participó en la obtención de información en «fuentes públicas» sobre personas físicas o jurídicas para elaborar algunos informes, casi siempre (en su caso) de corte mercantil. «Lo que yo llamo mi fuerte es el análisis financiero, no me dedico a la obtención de información por fuentes prohibidas, tengo otra profesión», ha recalcado.
En particular, ha negado que participara en la consecución de tráficos de llamadas. Si Villarejo habló de conseguirlos acudiendo a «colegas» del «gremio duro», no a «detectives», durante una reunión con los clientes de ‘Land’, lo que sugeriría accesos a bases de datos policiales, formaba parte de «la dinámica» del comisario de «alardear de cosas que no se le pasaba por la cabeza siquiera el intentar conseguir», ha apuntado.
De Rivas ha insistido cuestionándole sobre su presencia en dichas reuniones, si bien Redondo se ha desmarcado nuevamente, contestando que iba a los encuentros con clientes cuando Villarejo se lo pedía para darle «apoyo». «Lo único que hacía era estar callado, de vez en cuando hacía algún comentario, pero mi participación era mínima (…) el peso de las reuniones las llevaba él (…) Yo soy un empleado y me requieren», ha acotado.
Redondo también ha admitido que, aunque no se encargaba de los «cobros y pagos», sí estuvo implicado en la elaboración de las facturas por ‘Iron’. A este respecto, ha contado que Villarejo y el cliente pactaron fraccionar el importe en varias facturas emitidas por diferentes empresas de CENYT para camuflarlas, de modo que «los posibles topos» que el bufete contratante creía tener no se dieran cuenta de los servicios contratados. Él y su interlocutor se limitaron a «ejecutar las decisiones» de sus superiores, ha reivindicado.
De Rivas le ha exhibido diversas facturas, referidas a ‘Land’, donde aparece la firma de Redondo, que se ha justificado indicando que si, en calidad de apoderado de todas las sociedades y cuentas bancarias de CENYT, se requería su rúbrica la plasmaba, si bien ha añadido que «se hacía un garabato por parte de cualquiera». «Ahí ya hay más firmas que personal de CENYT», ha comentado.
EL «ARCHIVERO» DE CENYT
El fiscal le ha apretado asimismo para saber cómo es posible que materiales de presunto origen ilícito aparecieran entre los incautados durante los registros llevados a cabo en la sede de Stuart&McKenzie –el bufete de CENYT, del que era director jurídico– y en su casa, si desconocía las supuestas irregularidades.
En este punto, ha manifestado que otra de sus funciones era la de «archivero». Creó y nutrió una base de datos de CENYT donde se registraban todos los trabajos efectuados y los documentos generados por los mismos, ha descrito. Los empleados debían proporcionarle toda esta información al cierre de un proyecto, si bien ha matizado que no siempre lo hacían, salvo Villarejo que era «bastante exigente» en este aspecto.
De esta forma ha explicado el hecho de que en dichos registros aparecieran listados telefónicos, de vehículos e informes en los que ha reiterado que no tuvo participación alguna. «No tengo conocimiento de todo lo que había en los discos duros, lo que hacía era guardarlos (los archivos que le daban) de manera ordenada, en su proyecto y en su año», ha sostenido. Lo contrario, revisar todos y cada uno de esos documentos, habría sido «imposible» porque exigiría «miles de horas de lectura», ha señalado.
VILLAREJO Y SUS ASUNTOS «OFICIALES»
Por otro lado, Redondo ha corroborado la versión ofrecida por Villarejo de que se enteró de que era miembro de la Policía Nacional cuando le condecoraron en 2008 o 2009, apostillando que nunca se le generó la duda de si podía compatibilizar el cargo con CENYT, aunque en «algún comentario fugaz» el comisario le indicó que «estaba perfectamente autorizado».
De hecho, ha declarado que había dos tipos de trabajos en CENYT: los proyectos para clientes y «otras cosas que no se retribuían de ninguna manera porque eran para amigos del jefe» y que ha circunscrito en los asuntos «oficiales» de éste, de los cuales el resto de empleados quedaban «al margen», «era como una especie de muralla china».
«Era muy frecuente que hiciésemos cosas para gente con carácter gratuito y la explicación que daba Villarejo era que ‘vivimos de la información, o más bien yo vivo de la información, y si quiero poder vivir de la información tengo que dar algo a cambio y, por tanto, tengo que hacer favores y tener una buena relación con muchísima gente», ha citado.
Redondo no ha querido terminar su declaración sin poner de relieve que «no es agradable» pasar por esta situación. «Yo soy un trabajador, no soy rico. Tengo un vehículo que tiene 12 años y vivo en Galapagar, un pueblo de las afueras (de Madrid), en una casa modesta valorada en 200.000 euros», ha ilustrado.
CLAVES COMPARTIDAS
Este martes también ha comparecido el subinspector Javier Fernández, acusado de acceder a bases de datos policiales para facilitar información restringida a Villarejo con motivo de sus negocios privados.
Fernández ha relatado que es posible que otros usaran sus claves personales para entrar en dichas bases porque «no había licencias para todos» los miembros del grupo de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) donde estaba, por lo que era «usual» que se compartieran para no frenar el ritmo de trabajo. «No puedes trabajar 24 horas los 365 días de año», ha enfatizado.
En su caso, ha defendido que las peticiones de información le llegaban por el «conducto reglamentario», sin que fuera necesario que quedaran registradas por escrito. Interrogado directamente sobre si el entonces responsable de la UCAO, Enrique García Castaño, le hizo alguna solicitud personalmente, ha dicho que no porque se respetaba la «cadena de mando».
