Valencia considera fundamental los servicios de socorrismo, las ayudas al baño y el salvamento, ya que uno de sus atractivos turísticos son las playas. Por ello, no es de extrañar que desde el Ejecutivo pretendan reforzar estas asistencias, lo que sí es sospechoso es que dichos contratos aparezcan entre los acuerdos tramitados de emergencia para adoptar las medidas y atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria para hacer frente al Covid-19. Estos convenios fueron tramitados bajo dicho régimen de emergencia para combatir el virus a través de fondos covid. Pero los más «listos», como el edil valenciano, Joan Ribó Canut, decidieron aprovechar la coyuntura y colar entre las medidas para hacer frente a la pandemia algunos contratos que no tienen nada que ver con la enfermedad.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó Canut, es el responsable de los contratos tramitados de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria, que han sido recogidos por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre fiscalización. Así, en esta cartera de convenios llevados a cabo por Ribó y su equipo se incluye una partida destinada al «Salvamento, socorrismo y ayuda al baño». Una medida más que «necesaria» para combatir al virus, o eso opinan en el Ejecutivo valenciano, ya que han destinado nada más y nada menos que 1.212.326,85 euros ha dicho contrato. Parece que el agua funciona bien para combatir la pandemia y que «a golpe de brazada» o al «estilo crol» son unos mecanismo de contención del virus perfectos para el edil valenciano, que no dudado en destinar una suma de dinero millonaria de los fondos covid a estas ayudas al baño.
Desde el Ayuntamiento de Valencia parecen abogar por las fórmulas revolucionarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El informe del Tribunal de Cuentas también ha revelado otras partidas emitidas por Ejecutivo de Ribó que nada tienen que ver con el lucha contra el Covid-19, o, por lo menos, cuesta ver la relación. Además, del apoyo al baño, también existen otros contratos «camuflados», como el acuerdo para la adquisición chalecos antibala por un precio de 166.200 euros, el alojamiento 7 deportistas extranjeros por 30.927,27 euros o el convenio por seguridad en las instalaciones municipales por una suma de 58.755 euros. Unas medidas «imprescindibles» para combatir el virus.
Además, el Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas también ha sacado tajado de la situación y se sumado al carro de «colar» contratos tramitados de emergencia que permitan hacer frente a la situación sanitaria. Este departamento realizó contratos para la creatividad de la campaña contra la violencia de género, en el que la suma de dinero destinada a dicha actividad es de 8.500 euros. No contentos con la creatividad de la publicidad, emitieron un segundo contrato cuyo objetivo eran las adaptaciones a los medios de la campaña de violencia género, por una cantidad de 5.050 euros. El Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones también se ha llenado las manos y tramitaron acuerdos para el suministro de 2 cabinas de disco NFS y 4
controladoras (237.854,64 euros), suministro de software de solución de escritorio (215.222,60 euros) y suministro de diversos equipamientos hardware, formado por 4 unidades de IBM System Networking SAN64B-6 (185.847,83 euros).
El Ayuntamiento de Valencia se la ha colado pero bien a los fondos covid, ya no solo por estos contratos que nada tienen que ver con medidas o actuaciones para hacer frente a la pandemia, es que ni si quiera han justificado la tramitación de dichos convenios. El Tribunal de Cuentas en su informe cuenta con un apartado que lleva por título ‘Justificación de la tramitación de emergencia’, en el que analizan cada localidad para comprobar si realmente los Ayuntamientos procedieron de forma adecuada al realizar los acuerdos bajo el régimen de emergencia. Por desgracia, el Ejecutivo valenciano no aparece en la lista, por lo tanto, se puede intuir que no ha justificado los contratos emitidos para combatir el virus. Y no es de extrañar, ya que al equipo que lidera Ribó podría costar acreditar la necesidad de adquirir chalecos antibala, adaptar a los medios la campaña de violencia género o el suministro de software de solución de escritorio como mecanismos para combatir el virus.
Así, el Tribunal de Cuentas y su informe sobre Fiscalización sacan los colores al Ayuntamiento de Valencia y ponen en evidencia los trapicheos de la región. El Ejecutivo valenciano ha tratado de colársela a sus ciudadanos metiendo entre los fondos covid unos contratos que no tienen ninguna relación con la crisis sanitaria. Por suerte, en el Tribunal sí hacen bien sus deberes y a golpe de mazazo imponen justicia para que estas artimañas no queden ocultas en las sombras y trasfondos de los despachos de los que salieron estos contratos un tanto sospechosos a los que se destinan elevadas sumas de dinero.
