Una decena de organizaciones se han unido para mostrar su rechazo a la proposición de ley relativa a la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), presentada el 11 de enero en el Parlamento de Andalucía por los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox.
De este modo, las organizaciones Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), CCOO, Ecologistas en Acción Andalucía, Facua Andalucía FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), Fundación Savia, Greenpeace, SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), WWF-España, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua,–todas ellas miembros de la Mesa Social del Agua de Andalucía–, defienden la actividad agrícola sostenible y están en contra de la iniciativa parlamentaria.
Como han indicado en una nota de prensa, la proposición tiene como objetivo «la regularización de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR), definido en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado por consenso por la Junta de Andalucía en 2014».
En su opinión, «esta propuesta genera expectativas en el sector agrícola más especulativo que no están avaladas en un proyecto seriamente definido y mucho menos en la disponibilidad de recurso hídrico».
Por ello, señalan que en la proposición «se omite cualquier referencia a las graves dificultades administrativas y legales que una modificación de esta gravedad va a generar en Andalucía, España y en Europa«.
En concreto, han indicado que «entra en conflicto con el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la Directiva Hábitats, la Directiva de Aves y la Directiva Marco de Agua (DMA) de la Unión Europea, la reciente sentencia de los tribunales de la Unión Europea, los dictámenes de la Unesco sobre Doñana», entre otras normativas como la Ley Forestal andaluza o e incluso frente a la reglamentación del propio Plan de la Corona y la ley del Trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir a la que se refiere.
Tras incidir en que con la proposición «se da un paso en falso generando expectativas en el sector», han explicado que el procedimiento con el que se plantea esta modificación «carece de rigor, es inadecuado y ha enfrentado a diferentes agricultores dentro del propio sector agrícola, creando una situación de posible conflicto social».
«Cualquier modificación o revisión del Plan debe tramitarse de acuerdo con la legislación y contar con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación», han sostenido, antes de remarcar que es «inaceptable que en la formulación de la Proposición no se haya respetado la imprescindible relación con las administraciones y los organismos implicados en la gestión de Doñana y su entorno», como son el Consejo de participación de Doñana, la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona, el Instituto Geológico Minero de España (IGME) o y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
«La proposición pone en grave riesgo la buena imagen y la marca internacional, europea y nacional de Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados muy sensibles a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental», han reiterado.
«En estos momentos claves en los que se tienen que dar respuestas convincentes a las resoluciones de la Unesco y a las sentencias del Tribunal de Justicia europeo, la agricultura del entorno de Doñana necesita enviar mensajes de rigor, compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad con los consumidores, por parte de un sector de indiscutible importancia social y económica para toda la comarca», han concluido.
