La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, cree que la aplicación del bono de alquiler que impulsa el Gobierno de España tendrá «un efecto perverso» y augura que los precios de los arrendamientos subirán, como ocurrió en 2008 con la Renta Básica de Emancipación.
En una entrevista en ‘EsRadio’, Martín ha denunciado que el Ejecutivo central ha aprobado el decreto con estas ayudas, que han de gestionar las comunidades, sin consultarles ni convocarles a una reunión previa.
La consejera ve «indudable» que este bono generará un aumento de precios de los alquileres como ocurrió en 2018 con la Renta Básica de Emancipación, una ayuda también estatal para jóvenes de una cuantía menor. Según ha indicado, el mes que entró en vigor los precios de los arrendamientos aumentaron un 8 por ciento, un 10% en febrero y en todo ese año un 4,4%, teniendo en cuenta la situación de principios de crisis económica.
La titular regional de Vivienda critica estas políticas de subvención y apuesta por otra de incentivos «promoviendo la oferta para que haya más pisos en el mercado y que sea más efectivo», al tiempo que ha recordado que en 2021 Madrid fue la única región española donde bajó el precio del alquiler de vivienda.
Entre esas medidas incentivadoras, la consejera ha indicado que se están construyendo 5.400 viviendas a través del Plan Vive y el programa Alquila que ha promovido más de 100.000 contratos desde que entró en vigor, además de la movilización del suelo público. «Este Gobierno siempre está orientado a las políticas subvencionadoras pero nosotros huimos de ellas. Hay que ayudar a incrementar la oferta de pisos para que se contengan los precios, ayudando a la iniciativa privada», ha apuntado.
LEY DE VIVIENDA
Paloma Martín también ha criticado la Ley de Vivienda que prepara el Gobierno y ha señalado que el rechazo del Consejo General del Poder Judicial es «un fracaso absoluto y un varapalo, porque dicen lo que ya decíamos, que invadía competencias de las comunidades».
Además, considera que de entrar en vigor «rompe la hucha de las familias» porque aumentará el recargo por IBI a las viviendas vacías. «Son medidas confiscatorias y un abuso del poder sobre propietarios, que son los dueños del 90 por ciento de pisos alquilados, que tienen el precio del alquiler como complemento a su renta», ha indicado.
Por tanto, la consejera ha confirmado que en lo que dependa de la Comunidad de Madrid, como declarar zonas tensionadas, no llevarán a cabo las medidas. «Lo de obligado cumplimiento asumiremos el marco legal nuevo aunque no nos guste», ha apostillado.
