Giaocchino Gammino, el miembro de la organización mafiosa italiana Stidda que fue detenido el pasado mes de diciembre en el municipio de Galapagar, ha rechazado su extradición a Italia «a la vista del circo mediático ejecutado por las autoridades italianas» y asegurando que «no está garantizada su seguridad en las cárceles» del país.
Así se desprende del escrito que su abogado presentó el pasado 13 de enero ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que señalan que su estancia en la cárcel podría ser «objeto de asesinato por parte de otros grupos delictivos». «En el caso concreto, mi cliente es consciente, a día de hoy, de la muerte de dos familiares (tíos), Salvatore Engaglio y Diego Engaglio, en las prisiones italianas», sostienen.
Las pruebas contra Gammino se remontan a los años 80 en el maxiproceso llevado a cabo entonces por el juez Giovanni Falcone. En dicho proceso judicial al ahora reclamado se le atribuían delitos de tráfico de estupefacientes en directa colaboración con la Cosa Nostra. Fue a raíz de un asesinato, por el que Gammino fue condenado junto con otros miembros de Stidda, cuando se desató una guerra entre mafias por la dominación de Sicilia.
En 1998, fue detenido por la Policía Nacional en Barcelona para ser extraditado a Italia. Unos años más tarde, en 2002, se fugó de la cárcel de Roma, comenzando desde ese momento una investigación de carácter internacional a fin de localizarle y detenerle. Tras seguir su rastro en Alemania, posteriormente en Barcelona –donde residían algunos de sus familiares–, en Palma de Mallorca y también en Tenerife, su periplo terminó con su detención en la localidad madrileña.
«Durante el tiempo que estuvo fugado de la justicia italiana», recuerda su defensa, «utilizó el nombre de Vincenzo Mormmino», aunque nunca con «el objetivo de delinquir». Lo hizo, apuntan, con «la intención de vivir en sociedad y de acuerdo al Estado de Derecho». Esa es, precisamente, otra de las líneas seguidas por su representación para oponerse a su extradición a Italia.
CONSIDERAN PROBADO SU ARRAIGO EN ESPAÑA
«Giaocchino ha residido en España hasta el 1999 y reside en territorio español desde el 2003, tiene una pareja llamada M.L. y de la relación con la misma ha nacido una niña llamada M.L., además, fruto de la relación anterior que tuvo en España, tiene otra hija de 30 años de edad», detalla el escrito.
En este punto, su defensa lamenta que no se haya valorado «ningún lazo familiar» de Gammino, un «padre de familia» que «ha estado trabajando desde su llegada a España» y que, además, «socialmente es una persona muy conocida y querida en el municipio de Galapagar».
En el momento de su detención, el reclamado se encontraba regentando varios negocios. Los investigadores se percataron entonces de que Gammino llevaba varios años utilizando la identidad de un individuo cercano a su círculo que reside en Italia y que previamente había denunciado la sustracción de sus documentos personales.
Con todo, su defensa considera que ha quedado acreditada «la existencia de arraigo, residencia, lazos familiares, lazos laborales y lazos sociales y su decisión inequívoca de permanencia en España», insistiendo en la condición de Gammino: «Con familia desde hace 18 años, con una hija de 12 años y otra de 35, residiendo en España en los 80, casado y con bienes a su nombre en Sitges, y posteriormente residiendo ininterrumpidamente desde 2003 en Galapagar, socializado, con amigos, carentes de antecedentes penales».
SU EXTRADICIÓN SUPONDRÍA «ROMPER UNA FAMILIA»
Así, su abogado cree que «bajo los mínimos parámetros de racionalidad, proporcionalidad y humanidad» Gammino debería «ser tratado como un nacional y respetar su decisión de cumplimiento de la pena en España», por lo que realiza un «llamamiento a la reflexión de los ejecutantes».
«No entramos a valorar el proceso de revisión que se está llevando en Italia en relación a las múltiples irregularidades del proceso que nos ha llevado hasta este momento, sino quiero hacer ver a todos ustedes que mi representado es padre de familia, que durante toda la vida de su hija de 12 años ha estado a su lado, cuidándola y protegiéndola», insisten.
En este contexto, «el traslado de su padre a una cárcel italiana, con la aplicación inmediata del supondría no solo romper una vida, sino romper una familia» y, añaden, «el derecho de una hija de tener un padre. «Finalmente, no estaríamos ejecutando una condena a Giaocchino, sino realmente estaríamos condenando a M. y a M.. Que, con todos los respetos, bastante tienen con la situación que les está tocando lidiar», lamentan.
Como medios de prueba, además de incorporar una serie de documentación que confirmarían estas afirmaciones, su letrado solicita que se llame a declarar a la pareja y la hija de Gammino. Además, piden al Centro Penitenciario Madrid V que de explicaciones sobre porqué se ha mantenido al propio Gammino «incomunicado» y sin posibilidad de ver a su familia.
