Cáritas ve la nueva Ley de cooperación anunciada por el Gobierno con un «avance» con respeto a la normativa vigente en esta materia del año 1998 y ha llamado al Ejecutivo a establecer «una hora de ruta clara», «tareas concretas» y «plazos» para propiciar la participación de los distintos actores del sector.
Tal y como ha señalado la entidad, esta norma es un «buen punto de partida» y destaca entre sus medidas «la apuesta por cumplir con el compromiso del 0,7% en 2030», que ha calificado de «positiva»; o el fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), que ve como una «buena noticia».
Pero también ha recordado que la cooperación se enfrenta a «enormes retos globales» que «exigen medidas que garanticen que la acción exterior cumple la Agenda 2030 y respeta los derechos humanos y el planeta» y, en este sentido, pide que esta cuestión «sea fortalecida por la ley».
Así, ve necesario que la norma recoja con más claridad la necesidad de un cambio de enfoque en esta materia, hacia uno «feminista», «ecologista» y de «protección del espacio cívico». Además, la entidad cree que la cooperación «debe ser el centro de la acción exterior y guiar el resto de políticas» y «promover la coherencia de todas las políticas con la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta»; y también que tenga en cuenta el papel de la sociedad civil «diversa y plural».
EL CONGRESO, UNA OPORTUNIDAD
Es por eso que Cáritas ve la futura tramitación de la norma en el Congreso como «una buena oportunidad para concretar la propuesta» y para «garantizar que la cooperación sea una política de Estado que esté a la altura de los desafíos globales».
«Tras una década perdida para la cooperación, el Gobierno y los partidos políticos tienen una oportunidad para construir una propuesta que esté a la altura de los desafíos globales actuales», apunta la ONG. A su juicio, las fuerzas políticas tienen «la oportunidad de responder a una ciudadanía» que, a su juicio, «demuestra sistemáticamente su compromiso con la cooperación».
En este sentido, advierte de que «las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para contar con una ley que permita» que España «esté a la altura del contexto mundial actual».
