La amenaza de un expediente sancionador por parte de la Unión Europea ha hecho que por fin el Gobierno de España se ponga manos a la obra para reducir el problema de interinidad que existe en la administración pública. Tras años sin sacar la totalidad de las plazas para obtener un puesto como funcionario, los interinos han llenado las vacantes de la administración y algunos de ellos llevan años en dichos puestos sin haber formalizado su plaza. Esta situación en la que se encuentran los interinos de larga duración ha sido denunciada por los Tribunales Europeos que han obligado al gobierno de España a estabilizar a este colectivo. Para ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, termino el año poniendo en vigor la ley 20/2021 en la que se especifican medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Entre estas soluciones, Montero propone hacer funcionarios a los interinos de larga duración sin necesidad de oposición, algo que ha desatado la indignación entre opositores, funcionarios de carrera e interinos de corta duración a los que se les dificulta enormemente el acceso a una plaza en el erario público gracias al texto propuesto por María Jesús Montero.
«La nueva ley es anticonstitucional ya que no garantiza los criterios de mérito, igualdad y capacidad. Los opositores no tenemos ninguna oportunidad para sacar plaza ya que las vacantes de funcionario serán cubiertas con interinos de larga duración en vez de ocuparse a través de la oposición. Se están cargando el sistema de oposiciones y van a regalar las plazas de funcionarios a profesores por antigüedad que llevan años sin estudiar«, denuncia el representante de la plataforma en ‘Defensa por el Turno Libre’, Andrés Martínez. Y es que en la nueva ley está previsto un concurso de méritos para que los interinos de larga duración obtengan su plaza sin necesidad de pasar por un tribunal examinador. Y eso no es todo puesto que en el caso de los docentes ya hay un borrador del concurso oposición en el que se ha dado un excesivo peso de la nota a la experiencia en detrimento de la formación o el estudio. «Hemos invertido miles de euros en másteres que no sirven para puntuar en la nota, estamos en casa estudiando idiomas, muchos de nosotros no tenemos trabajo, nuestras condiciones son precarias…», lamenta Andrés, uno de los aspirantes a los que afecta esta nueva ley.
«La nueva ley es anticonstitucional ya que no garantiza los criterios de mérito, igualdad y capacidad»
A los opositores también se unen los interinos de corta duración que muchos de ellos por cuestiones de edad no han tenido tiempo material para acumular experiencia. Asimismo, a los aspirantes e interinos jóvenes también se suman los funcionarios de carrera que aprobaron su oposición hace años y a los que no se ha otorgado aún una vacante cerca de sus hogares ya que estas plazas son ocupadas por interinos que cuestan menos de mantener para las arcas públicas. Todos ellos claman por una revisión de la ley propuesta por Montero para reducir la temporalidad. «El gobierno ha hecho el mal muy bien, propone una ley inconstitucional en la que caben muchos supuestos que tendrán que ser regulados por los ministerios convocantes de oposiciones o por las propias comunidades autónomas. Así pasan la pelota a otras administraciones», denuncia Andrés Martínez, uno de los miembros de la plataforma en Defensa por el Turno Libre que ya suma más de 4.000 aspirantes.
EL GOBIERNO SE EXCUSA EN EUROPA
A pesar de las protestas de miles de personas que forman estos colectivos, el Gobierno de España ha decidido seguir adelante con esta ley que entró en vigor el pasado 30 de diciembre de 2021. «Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las OEP (ofertas de empleo público) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022», ha afirmado la ministra Montero en una exposición de los objetivos específicos de su departamento en el ámbito de la Función Pública de cara al nuevo año. Y es que esta decisión alude a las exigencias de los Tribunales Europeos que denunciaron el abuso que estaban sufriendo algunos interinos de larga duración pero no especificaron el método para acabar con esta situación.
Es por ello, que el ministerio de María Jesús Montero ha creído conveniente que el camino para obtener el resultado que manda Europa sea la convocatoria de oposiciones con criterios discriminatorios para los aspirantes y un concurso de méritos para que interinos obtengan su condición de empleado público sin necesidad de hacer ningún tipo de oposición. Esta decisión ministerial afecta a todas las administraciones convocantes de oposiciones que tendrán que doblegarse ante los objetivos de reducir la temporalidad. En el caso de Educación, la ministra Pilar Alegría, ya ha propuesto un borrador de Real Decreto en el que incluye nuevos criterios de puntuación que favorecen a la experiencia, es decir, a los interinos de larga duración, en detrimento del resto de aspirantes que no cuentan con esa suerte. Para reivindicar que se incluyan mejoras en el borrador, los opositores se han organizado bajo la plataforma de ‘Docentes por la Justicia’ que ya alcanza los 3.000 aspirantes que consideran «injusta» dicha remodelación de los exámenes.
Cabe destacar que el Gobierno de España ha negociado con los sindicatos esta ley de reducción de la temporalidad y así como los Reales Decretos que regularán las nuevas bases de la oposición. No obstante, estas agrupaciones sindicales no están llevando la voz de estas numerosas plataformas a las instituciones por lo que ellos mismos se han visto obligados a unirse para defender sus derechos. El diálogo social del que presumen no existe. De este modo, la plataforma en ‘Defensa por el Turno Libre’ ha organizado oleadas de manifestaciones por toda España para hacerse oir y, por su parte, ‘Docentes por la Justicia’ tendrá su primera movilización el próximo domingo 16 de enero de 2021 a las 12 horas en la Puerta del Sol de Madrid. A parte de las marchas, estas asociaciones adelantan a MONCLOA.com que lucharán también por la vía legal y recurrirán cada convocatoria injusta que se saque.
