El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Josep Borrell, ha adquirido una veintena de equipos radiotransmisores destinados a la embajada española en Caracas, capital de Venezuela. La adquisición se ha hecho a través de concurso estatal, que finalmente ha sido adjudicado a la empresa Electrónica Villbar, SA.
La compra de walkie-talkies se formalizó el pasado 11 de febrero y se trata de alrededor de 20 equipos de alto nivel de seguridad con sistema de encriptación de la marca Motorola. Cada dispositivo de alta gama cuesta alrededor de 500 euros, IVA incluido.
La adquisición de este tipo de dispositivos encriptados, los más caros del mercado, busca que las comunicaciones del personal diplomático de la embajada estén a salvo de posibles intentos de escucha por parte del régimen de Nicolás Maduro, al que España ya no reconoce como presidente legítimo de Venezuela.
El importe total de la compra ha sido de 9.719,5 euros con impuestos, y Villbar, sociedad española, fue la única empresa en ofrecer sus servicios. Esta compra española se produce ante la oleada de apagones en el sistema eléctrico venezolano, que imposibilita la comunicación telefónica y obliga al uso de walkie-talkies para poder comunicarse.
OSCURIDAD EN VENEZUELA DESDE EL JUEVES
Un gigantesco apagón paralizó Venezuela el pasado jueves 7 de marzo, y desde entonces, los cortes de la red eléctrica han sido constantes. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la suspensión de las actividades escolares y universitaria, además de las jornadas laborales del lunes ante el apagón. El país ha quedado paralizado frente a la falta de electricidad y se han producido múltiples saqueos y disturbios a causa de la oscuridad.
Asimismo, Rodríguez anunció el martes que el apagón había sido “solventado”, si bien advirtió de que podrían producirse nuevos cortes de luz porque “la guerra eléctrica continúa”. El portavoz del Gobierno de Nicolás Maduro informó que también se resolverían los problemas con el suministro de agua, asociados al corte de la red eléctrica.
El propio presidente venezolano apareció esta semana en un vídeo con un walkie-talkie dando instrucciones a jefes y gobernadores del chavismo en medio del prolongado apagón eléctrico que sufrió el país.
Rodríguez insistió en que los cortes de electricidad se deben a un “brutal ataque” que adjudicó al ‘presidente encargado’ Juan Guaidó, al que calificó de “psicópata” porque “sabiendo que dejaba mucho más vulnerable a Caracas, saboteó la Central Tacoa, una central termoeléctrica que surte de electricidad a varias partes del país”.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció ese mismo día la apertura de una investigación contra Guaidó a causa de las insinuaciones del equipo del Gobierno de Nicolás Maduro. Si bien la oposición denuncia que la causa del problema ha sido que las instalaciones han quedado obsoletas por falta de inversión y mantenimiento.
Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de febrero, para convocar nuevas elecciones presidenciales y así «poner fin a la usurpación» del Gobierno de Maduro, quien inició una nueva legislatura a principios de este año pero que gran parte de la comunidad internacional, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez, no reconoce.
Del mismo modo, Diosdado Cabello, alto dirigente del oficialismo, acusó al periodista hispano-venezolano Luis Carlos Díaz de colaborar en el “sabotaje” a la red eléctrica. Díaz fue retenido por el Sebin, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para ser posteriormente liberado tras una audiencia en los tribunales de Caracas. El periodista ha sido acusado de “instigación a delinquir” y tiene prohibida su salida del país, así como declarar a los medios sobre su caso y participar en manifestaciones públicas. Además, debe presentarse ante los tribunales cada ocho días.
GUAIDÓ APROBÓ EN EL PARLAMENTO EL ‘ESTADO DE ALARMA’
Guaidó, presidente del Parlamento de Venezuela, reconocido como ‘presidente encargado’ del país por medio centenar de países extranjeros, solicitó a los diputados decretar «estado de emergencia» para hacer frente a la «catástrofe». El lunes se autorizó el «estado de alarma nacional» ya que el apagón había sido continuado durante cuatro días.
El decreto aprobado de forma unánime por los diputados de la oposición, se entiende como “modalidad del estado de excepción”, y se mantendrá en vigor por 30 días. Caracas estuvo más de 100 horas sin luz, lo que imposibilitó la conexión a internet, telefonía móvil y fija, transporte público, y la obtención de gasolina y gas de uso doméstico. Miles de familias venezolanas han perdido toda la comida que tenían almacenada en sus frigoríficos, y la ONG ‘Médicos por la Salud’ eleva a 24 el número de fallecidos en hospitales a causa del fallo eléctrico.
Francisco Valencia, de la ONG Codevida, informó en su cuenta de Twitter que 19 pacientes renales murieron entre el viernes y el lunes por no tener acceso a sus tratamientos de diálisis. Por su parte, el Gobierno de Maduro afirmó que dichas muertes no han sucedido, y que existe una “manipulación política y mediática a la hora de informar» sobre las supuestas víctimas mortales por los apagones.
