La región madrileña registró un total de 3.701 manifestaciones y concentraciones en 2021, una cifra muy alta tras el parón de 2020 derivado de la pandemia por coronavirus, convirtiéndose en el año con más protestas desde 2013, en plena crisis económica y social.
Así, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, en 2021 se celebraron un 84% más de manifestaciones que en 2020 (hubo 2011), ya que durante el primer estado de alarma por la crisis sanitaria estuvieron prohibidas y luego se fueron retomando poco a poco (en mayo hubo 18, en junio 162 y en julio 146).
Antes de la pandemia, 2019 acabó con 2.946 protestas celebradas en la Comunidad de Madrid, 3.320 en 2018, 3.183 en 2017, 2.784 en 2016, 3.082 en 2015, 3.113 en 2014, 4.354 en 2013 y 3.419 en 2012.
Por meses, el año que acaba de terminar registró 129 manifestaciones y concentraciones en enero, 176 en febrero, 308 en marzo, 443 en abril, 419 en mayo, 485 en junio, 289 en julio, 102 en agosto, 293 en septiembre, 332 en octubre, 410 en noviembre y 315 en diciembre.
No obstante, las manifestaciones y concentraciones de 2021 han sido por lo general con menos asistentes que en los años prepandémicos debido a la situación del Covid-19, que conlleva actos con poca aglomeración para garantizar la distancia de seguridad. De hecho, muchas se han descentralizado en barrios y ciudades de la región, según las mismas fuentes.
De las protestas comunicadas, una parte mínima no fueron autorizadas por registrarse actos multitudinarios, fuera de plazo, porque iban contra el ordenamiento legal o porque podían suponer «graves problemas de orden público». Algunas cambiaron de hora o recorrido por coincidir con otras, entre otros motivos. Las denegaciones y modificaciones están avaladas por informes de la Policía Nacional, y en algunos casos también de otras instituciones como Policía Municipal y Abogacía del Estado.
Para celebrar una manifestación legalmente se requiere comunicar –no pedir autorización, como se piensa habitualmente– a la Delegación del Gobierno con un mínimo de 10 días de antelación quién la organiza, horario, recorrido, objetivo, número aproximado de participantes y el dispositivo de seguridad. En caso de urgencia, este plazo puede acortarse a 24 horas. Ese conocimiento previo permite que se garantice el derecho a manifestarse de manera segura a través de la presencia policial.
MANIFESTACIONES RELEVANTES
A pesar de la crisis generada por la pandemia y de tratarse de un año electoral, la conflictividad en las calles ha sido baja, pero sí produjeron algunos incidentes. Por ejemplo, el 23 de enero una manifestación negacionista que recorrió el centro de Madrid acabó con 216 propuestas de sanción, algo más de 40 por desobediencia a la autoridad y el resto por no llevar la mascarilla ni respetar la distancia de seguridad.
A principios de febrero, una concentración en la plaza Jacinto Benavente de Madrid no comunicada a Delegación de Gobierno en contra de la entrada en prisión del rapero Pablo Hásel terminó con un detenido, 187 identificados y 10 actas policiales por altercados, destrozo de mobiliario público y ataques a la Policía por parte de algunos de los 500 asistentes. Fue liderada por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid y apoyada por otros colectivos de extrema izquierda.
De forma más pacífica y sin detenidos acabó la marcha convocada el 14 de febrero por la Coordinadora 25S, que agrupaba a diversos colectivos sociales y vecinales de Madrid bajo el lema ‘Nos están matando’ para protestar contra la privatización de la Sanidad y la gestión sanitaria contra el Covid-19, pese a la prohibición de esta concentración por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid en previsión de que hubiera aglomeraciones de gente en medio de la tercera ola del Covid.
PROHIBICIÓN DE GRANDES PROTESTAS EL 8M
Más controvertida fue la decisión del entonces delegada del Gobierno, José Manuel Franco, de prohibir todas las protestas en torno al 8M, Día Internacional de la Mujer, que en los últimos años había sido el día con mayor número de manifestantes del año en la región. Y todo después de la polémica del 8M de 2020, cuando la oposición reprochó al Gobierno su celebración pese a los primeros brotes del coronavirus y por lo que Franco llegó a estar imputado por presunta prevaricación, aunque la causa judicial fue sobreseída poco después por los tribunales.
La Delegación de Gobierno prohibió en 2021 todas las protestas de ese día con previsión superior a 500 asistentes, con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pese a que en otras zonas de España sí se celebraron. Por ello, las manifestaciones preparadas se diseminaron en pequeñas concentraciones y otras se intentaron celebrar pese a la cancelación, con algunos incidentes menores e identificaciones.
Por los mismos motivos sanitarios, fueron restringidas en asistentes otras las manifestaciones del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó 8 manifestaciones y concentraciones en la capital 4.175 personas, 1.000 de ellas la tradicional marcha de CC.OO. y UGT.
25.000 PERSONAS EN COLÓN
Sin embargo, el 13 de junio llegaron hasta las 25.000 personas, según datos de la Policía Nacional, las que se concentraron en la Plaza de Colón de Madrid, que registró un aforo completo por la concentración en contra de la concesión de indultos a los condenados por el ‘procés’ separatista ilegal.
Parecido número de personas marcharon el 3 de julio entre Colón y Atocha para reivindicar el Orgullo LGTBI, una manifestación también reducida y acotada, sin carrozas y con mascarillas y distancia de seguridad. No se produjeron incidentes. Eso sí, en esas fiestas fue desalojada varias veces la Plaza de Pedro Zerolo por la gran cantidad de gente que se concentró allí para beber alcohol por la noche.
Precisamente por las calles de Chueca, ya en septiembre, la Delegación permitió una manifestación neonazi encubierta bajo el lema ‘Di no a las Agendas 2030-2050’ en la que se profirieron consignas contra los homosexuales y las personas migrantes, con gritos como «fuera maricas de nuestros barrios» y «fuera sidosos». Aunque el Gobierno mostró su «rotundo rechazo» a lo ocurrido, fueron objeto de las críticas por permitirla y por no dar orden a la Policía Nacional para que la disolviera.
La delegada, Mercedes González, tuvo que dar una rueda de prensa para explicar que no tenían argumentos legales para prohibir la protesta y «que no se puede detener a nadie por unos cánticos». Los dos convocantes de la misma recibirían una multa de 600 euros cada uno, además de abrirle expediente a seis de los manifestantes por llevar palos, bengalas y puños americanos. La Fiscalía abrió una manifestación al respecto. No se han vuelto a convocar manifestaciones similares.
Las últimas protestas relevantes del año se desarrollaron el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una treintena de manifestaciones y concentración en toda la región.
INCIDENTES EN MÍTINES DE VOX
Aunque no son concentraciones al uso, y dependen de la Junta Electoral, en 2021 hubo varios mítines de Vox en torno a las elecciones del 4M que acabaron con incidentes y lanzamientos de objetos provocados por personas que acudieron a boicotearlos.
Así, en mitin del 7 de abril en la llamada ‘plaza roja’ de Vallecas el pasado 7 de abril, terminó con el tiempo en 13 detenciones, entre ellos algunas personas vinculados a los Bukaneros, la hinchada radical del Rayo Vallecano.
Por su parte, la Guardia Civil arrestó a tres personas, una de ellas menor de edad, por atentado a la autoridad y lanzar objetos a los participantes el 21 de abril en un mitin de Vox en la localidad de Navalcarnero. En actos electorales del resto de partidos no hubo incidentes relevantes.
