El que fuera director de Seguridad del BBVA Julio Corrochano ha enviado este jueves al juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de ‘Tándem’ el documento que llevó al magistrado a ordenar el registro de su domicilio tan solo un día después de su declaración en sede judicial por los encargos de la entidad al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, Corrochano señala que el referido documento es una fotocopia de la oferta de CENYT para el contrato de junio de 2016 con el BBVA, una serie de páginas que debían ser revisadas y aprobadas por el departamento de compras del banco.
El propio Corrochano, según explica, llevaba esa fotocopia en la carpeta de trabajo con la que acudió a la sede de la Audiencia Nacional en la Plaza de la Villa de París. Un documento, además, que ya obraba en el procedimiento, según alega.
Ese documento, fechado el 13 de mayo de 2016, establece unos costes de 50.000 euros por unos servicios de «consultoría de seguridad y entorno» prestados por CENYT, la compañía del propio Villarejo. Los mismos incluían reportes con información de inteligencia y sobre riesgos para la seguridad de activos, personas e incluso para la reputación del BBVA.
UN REGISTRO SIN «UTILIDAD DE NINGÚN TIPO»
Es por eso que su defensa califica la diligencia ordenada este miércoles por el juez Joaquín Gadea de «desproporcionada y sin que se soportase con necesidad o utilidad de ningún tipo». En esta línea, lamentan «el hecho de que solo 20 minutos después de salir la policía y comisión judicial del domicilio» de Corrochano «ya se hubiese publicado en prensa la noticia».
A su juicio, las informaciones sobre su representado, en las que se hacía alusión al citado documento, supone «un daño intencionado y gratuito a la imagen y reputación» del otrora jefe de Seguridad del banco.
El magistrado ordenó la entrada y registro del domicilio de Corrochano después de que éste no facilitase el documento. Otras fuentes consultadas apuntan que esa petición de documentación se acordaba después de que el exdirectivo del BBVA no respondiera a las preguntas de Anticorrupción durante el interrogatorio como imputado que se realizó este martes en sede judicial.
CORROCHANO ANTE EL JUEZ
En concreto, este martes declararon ante Gadea el que fuera consejero delegado de la entidad Ángel Cano y el propio Corrochano. Coincidieron ambos en que se contrató a CENYT porque el entonces presidente del banco, Francisco González, requirió los servicios de una empresa de investigación ante las maniobras hostiles de Sacyr.
Corrochano, que solo contestó a su defensa, ratificó el escrito enviado a la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, declarando que fue González quien le hizo directamente el encargo de hacer una investigación sobre los temas que en ese momento preocupaban al BBVA.
En ese escrito precisó que Cano, su «superior inmediato», le avisó el día anterior de que González quería verle avanzándole ya el mismo día que el asunto a tratar sería «la necesidad de contratar un servicio de información e inteligencia en relación a una OPA que se estaba organizando».
Según las fuentes, este martes no se le preguntó específicamente si la orden de González fue contratar a CENYT, pero Corrochano plasmó en su escrito que conocía a la empresa de Villarejo hacía años y que la eligió el Departamento de Seguridad, concretamente él mismo.
