El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos en contra de PdCat, CUP, ERC y Vox y la abstención de PP y el BNG pero con el apoyo del resto de grupos parlamentarios el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular para cumplir con las directivas europeas de residuos y plástico y que establece nuevas obligaciones en la gestión de residuos. Así, con 182 votos a favor, 88 abstenciones y 70 votos en contra, el pleno de la Cámara Baja remitirá el proyecto de ley al Senado para proseguir con su tramitación legislativa.
Para la diputada del PSOE, Esther Padilla, esta es una «buena ley» que va a hacer posible la transición justa y la protección del medio ambiente. Además ha defendido que permitirá cumplir con las directivas europeas de residuos y la del plástico de un solo uso y acceder a los fondos europeos para la recuperación.
«La ley da pasos con decisión y responsabilidad», ha asegurado Padilla, que ha detallado que el proyecto legislativo establece nuevos objetivos de gestión de residuos, nuevas recogidas separadas (como las de residuos orgánicos, aceite, ropa, entre otras), incluye el nuevo sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) «con sensatez» y establece nuevas obligaciones de fiscalidad ambiental como el impuesto al plástico y el impuesto al vertedero que «demandaban la OCDE y la UE».
Estos impuestos entrarán en vigor en 2023, después de que así se pactara en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que había presentado el Partido Popular. En todo caso, ha defendido que los impuestos que se recogen en la ley no tienen vocación recaudatoria ya que para el Gobierno «lo importante es que cuanto menos se recaude con ellos, mejor», porque significará que empresas y entidades afectadas están cumpliendo los objetivos.
La diputada socialista ha elogiado la voluntad de acuerdo de la mayoría de grupos parlamentarios de modo que «la ley sale enriquecida con aportaciones interesantes de todos los grupos». Sin embargo, ha afeado a ERC, PdCat y Junts per Cat su voto en contra. «Es una buena ley y lo saben», ha concluido.
En su intervención, el diputado del PP, César Sánchez, ha anunciado la abstención de su grupo parlamentario por «responsabilidad y lealtad» pero opina que el texto es una «oportunidad perdida» que llega «tarde y mal» puesto que «lo único» que tiene de circular es su título y «gracias» a las enmiendas del PP.
En su exposición, ha criticado el aumento de presión fiscal que supondrá aunque el PP ha logrado una una moratoria a los impuestos hasta 2023 para «evitar que lo acaben pagando los consumidores vía inflación». A su juicio el proyecto de ley «no contempla ni el impacto social y económico sobre la industria» a la que generará un «impacto negativo». Por ello, ha anunciado que exigirá una evaluación del cumplimiento de los objetivos que marca la ley y advierte de que esta norma lejos de armonizar la presión fiscal agudizará las diferencias entre las comunidades autónomas y situará en desventaja competitiva a las empresas españolas respecto a las de otros países de la UE.
«A esta ley le falta mucho y España merece más», considera el diputado popular, que ha prometido una batería de medidas en materia de residuos y economía circular «tan pronto» como el PP llegue al Gobierno para arreglar «muchas cosas que se han hecho mal».
También se ha abstenido el BNG, cuyo diputado Néstor Rego ha reconocido avances «insuficientes», por lo que ha pedido objetivos más ambiciosos y otras mejoras en aspectos como la obsolescencia programada.
En su intervención, el diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha agradecido el trabajo «extraordinario» de todos los grupos parlamentarios y las aportaciones de las organizaciones sociales y medioambientales para lograr una ley que «no es perfecta». En ese sentido, ha destacado que la ley establece soluciones a la importancia de los residuos; la separación de materia orgánica en los municipios, que contribuyen a las emisiones de metano a la atmósfera; pone en marcha el SDDR porque «no se han cumplido los objetivos y era hora de que entre en vigor estte sitema que será una mejora sustancial»; hace frente a los residuos de amianto; impulsa la reutilización e introduce «numerosas novedades».
Por su parte, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha respaldado el proyecto de ley y ha celebrado que se incluya la aplicación de la tecnología para fomentar el uso del biogás y el biometano a partir de purines para usarlo en explotaciones agroganaderas o para inyectarlo a la red de gas, lo que reducirá el impacto de los purines en el medio ambiente y será un nuevo ingreso para las explotaciones.
La diputada del PNV Idoia Sagastizábal ha anunciado su voto favorable ya que recoge «numerosas» de las enmiendas presentadas por su grupo aunque cree que podría haber sido «más ambiciosa».
Desde Cs, la diputada María Carmen Martínez Granados ha acusado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de «no tener ni idea de lo que habla» en materia de economía circular y ha reclamado una mayor apuesta por la I+D+I para generar innovación en procesos industriales viables. «Con esta ley nos vamos a quedar cortos. Debía ser ambicioso pero con objetivos abordables», ha dicho la diputada.
Igualmente, la diputada de Más País-Verdes Equo Inés Sabanés, ha apoyado el proyecto de ley porque es «urgente y necesaria» aunque «llega una década tarde», pero confía en que sirva como herramienta para mejorar la gestión de los residuos y atajar la emergencia climática.
RECHAZO AL TEXTO
En cuanto a los grupos que han votado en contra del proyecto de ley, desde Vox, el diputado Luis Gestoso ha explicado su rechazo al proyecto de ley porque solo servirá para mantener «el negocio de los residuos» en el que resultan «beneficiados los de siempre»; aumenta las trabas burocráticas y los impuestos, lesiona la libertad de mercado, no incluye mecanismos serios de control mientras establece un «régimen sancionador durísimo tan del gusto de la izquierda» y que repercutirá en los consumidores. Asimismo, ha afeado que se haya impedido «cualquier enmienda de Vox fueran o no razonables».
También en contra, el diputado de la CUP Albert Botrán ha admitido que el texto supone «avances» pero «muy por debajo de lo necesario» y supone una «clara invasión de competencias en el canon de residuos que ya está implantado en Cataluña».
En contra se ha mostrado el diputado de PdCat, Sergi Miquel, porque la ley no recoge su aspiración de que el impuesto a los residuos se ceda a las comunidades autónomas, como transmisiones patrimoniales o sucesiones; y porque la apuesta del SDDR queda «diluida» en una «huída hacia adelante fijando objetivos que tampoco se van a cumplir por las presiones» externas.
Tampoco apoya el proyecto ERC, cuyo diputado Francesc Eritja, que ha exigido respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de fiscalidad ambiental, como Cataluña, que lleva 17 años aplicando un canon a la gestión de los residuos. «Es una ley claramente insuficiente, con objetivos muy poco concretos y medidas muy genéricas», lamenta Eritja que duda de que la ley pueda ser efectiva y denuncia que parte del texto «choca frontalmente» con el modelo catalán.
