La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles el informe de ponencia sobre la proposición de Ley Orgánica para modificar el Código Penal, para penalizar el acoso hacia las mujeres que acuden a clínicas para abortar. Todos los grupos han votado a favor, a excepción de PP y Vox.
El informe de la ponencia incorpora dos cambios introducidos fruto de una transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Cs para que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.
Con esta iniciativa, todos aquellos «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres», serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.
Desde el PSOE, Laura Berja ha reprochado al PP que «se ponga de lado de Vox y de los que hostigan a las mujeres». «Es muy triste que ustedes no evolucionen», les ha reprochado, recordando que hace 11 años intentaron «boicotear» también la ley del aborto. «No se entiende que en un país como el nuestro, la derecha esté tan cerca de la ultraderecha», ha recriminado Berja, que considera «fascismo» llamar a la libertad de elección «exterminio». «El aborto es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, por más que le duela a muchos diputados de esta sala», ha finalizado la socialista.
Martina Velarde (Unidas Podemos) ha defendido la propuesta, señalando que al igual que los abortistas no van a la Iglesia a decirles a las mujeres que tienen el derecho a abortar, tampoco pueden ir «quienes rezan» a las clínicas a «acosar y coaccionar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto». «No hay nada menos cristiano que quienes utilizan el rezo para golpear las libertades de las mujeres», ha dicho.
También la diputada de Cs Sara Giménez ha apoyado la proposición, pues ésta «reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo en caso de embarazo» y porque, a su juicio, «el sistema tiene que ofrecer libertad para el ejercicio y la garantía del derecho al aborto». Giménez ha lamentado que haya grupos en contra de la iniciativa, en referencia a PP y Vox, y ha calificado de «insostenible» que las mujeres se enfrenten a situaciones de «hostigamiento» en un «estado democrático avanzado» como el nuestro.
Desde ERC, Pilar Vallugera ha defendido también el texto, y ha negado que, como dicen PP y Vox, sirva para limitar los derechos de opinión o reunión, porque en el caso de los que acosan a las mujeres a las puertas de las clínicas, lo que hacen es «imponer sus creencias», así que la «objeción» ejerce de «barrera a un derecho» como el del aborto. Además, no considera que lo que hacen los ‘provida’ en los alrededores de las clínicas sea ejercer su derecho de reunión sino realizar «hostigamiento», «amenazas» y «coacciones», lo que constituye «un ejemplo más de violencia machista en nuestras calles».
«CENTROS DE EXTERMINIO DE SERES HUMANOS»
En contra se han posicionado el PP y Vox. Los más críticos han sido los de Vox, al denominar las clínicas donde se practica el aborto «centros de extermino de seres humanos». «Frente al negocio de la muerte, nosotros no enmudeceremos», ha aseverado Patricia de las Heras.
Esta diputada considera que la iniciativa debatida este miércoles en Comisión tiene un «beneficiario», las propias clínicas, que se «lucran causando la muerte de otros». Para De las Heras, aquellos que según el resto de formaciones acosan a las mujeres, son en realidad «rescatadores», «voluntarios» que dan «afecto», «humanidad» y «verdad» a las mujeres y que se «manifiestan pacíficamente» como «hizo Gandhi». Además, señala que el texto «coarta el derecho de expresión, circulación y reunión».
También el PP ha votado en contra porque el texto supone «otro ejemplo del sectarismo del PSOE y sus socios», pues tal y como sostiene la ‘popular’ María Teresa Angulo, «limitan derechos» y «discriminan a unos españoles» por «pensar distinto» y «ofrecer información a las mujeres que acuden a abortar», lo que ha tachado de «inconcebible». «Se trata de una vulneración de derechos por sectarismo ideológico», ha insistido.
