El Gobierno de Pedro Sánchez, antes de la crisis en la que le sumió la falta de apoyos para aprobar sus presupuestos y que le abocó a convocar elecciones, planificó unos gastos en inversiones publicitarias estatales por valor de 225 millones de euros para 2019, año en el que ya se apuntaban diversas citas electorales, incluidas las generales, cuando se consignaron tales partidas. Suponía 30 millones más que el año precedente, un 15% más.
De esta suma de publicidad gubernamental, 62,8 millones correspondían a publicidad institucional y el resto -162,2 millones- a publicidad comercial. La primera partida (publicidad institucional) descendía según la planificación del Ejecutivo socialista un 12,1% respecto del ejercicio 2018, año compartido con el Gobierno de Rajoy. Esto permitiría un ahorro de 8,7 millones a las arcas públicas.
Pero el segundo capítulo de publicidad estatal, la comercial, debía crecer un 30,7% sobre 2018 hasta alcanzar los 162,2 millones de euros. Eso suponía añadir 38,1 millones de euros al gasto total en publicidad gubernamental de signo comercial sobre el ejercicio precedente.
La diferencia entre una y otra publicidad, enfatizar acciones políticas o promocionar el turismo, por ejemplo, es indiferente a la hora de entrar el dinero estatal en la caja de los medios de comunicación.
Tal reparto es poder. Y, no en vano, la coordinación de toda la publicidad estatal está bajo el control de la secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia de Gobierno, cuya titular es Carmen Calvo. Esto es así por ley desde 2005. Toda esta gestión se realiza a través de una comisión presidida por Calvo, y apoyada en el Secretario de Estado de Comunicación, el subsecretario de la Presidencia, entre otros, y un representante de cada uno de los restantes departamentos ministeriales, todos ellos con rango, al menos, de Subdirector General o asimilado.
Por otro lado, el hecho de que el Ministerio de Presidencia tenga la cartera adjunta de Igualdad ha supuesto que dicho ministerio que gobierna Carmen Calvo haya tenido un peso especial en cuanto a campañas previstas de publicidad institucional, 8,2 millones, que representan el 13,1% del total de esa partida de fondos para campañas en Prensa.
El departamento de Presidencia de Carmen Calvo, conforme al plan de Gobierno, superaba en tal gasto a ministerios como Agricultura (7,9 millones) o Economía (7,1 millones). Sólo le aventajaban en campañas institucionales Interior ( 14,1 millones) y Hacienda (9 millones). Son los cinco ministerios más gastones en publicitar mensajes institucionales del Gobierno central. Copan el 74,2% del gasto. Los restantes diez ministerios compartían apenas un 25,8% del coste total de inversión institucional.
Pero realmente, la pieza angular de la inversión publicitaria gubernamental no es la institucional, por más que sume 62,8 millones. La parte del león es la publicidad comercial: 162,2 millones. Y, aquí, nuevamente, una parte sustancial descansa en el Ministerio de Hacienda, que reparte 81,3 millones de publicidad a través de las diversas sociedades que controla vía SEPI(Correos, Loterías, Tragsa, Hipódromo de la Zarzuela, Navantia, RTVE…). Nada que ver en monto en lo que se le atribuyó por vía institucional (9 millones).
El Ministerio de Fomento tampoco se queda corto en materia de publicidad comercial: 25 millones que distribuye vía Aena, Puertos del Estado, Renfe… Una fortuna frente a lo que invierte en publicidad institucional, 1,2 millones. Agricultura suma otros 3,2 millones por publicidad comercial, y a esto hay que sumar campañas millonarias del ámbito de Economía como la llamada «Yo invierto aquí» del Tesoro (6,8 millones).
¿Es mucho o poco gastar 225 millones en publicidad estatal? Los presupuestos fallidos del Gobierno socialista dan idea de usos alternativos a tal suma: 180 millones para desarrollar el Ingreso Mínimo Vital, estructurado en un incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables; 25 millones para ayudas para comedor para combatir la pobreza infantil; 330 millones para universalizar la escuela de cero a tres años, 300 millones para equiparación de los permisos de maternidad y paternidad; 220 millones para financiar de manera completa el Pacto de Estado de Violencia de Género…
Por tanto, el coste de un programa estrella del extinto Gobierno socialista podría financiarse al completo (o duplicarse) si se destinarán los 225 millones de la publicidad estatal a fines como la violencia de género. Pero incluso un mero recorte, 25 millones, ya serviría para cubrir las ayudas de comedor de niños pobres. MONCLOA.COM solicitó ayer a la secretaría de Estado de Comunicación mayores detalles sobre este gasto gubernamental. No hubo respuesta.
