El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha dicho este viernes que la fase de desescalada del confinamiento en Canarias será «compleja» porque requerirá de «esfuerzos adicionales» para garantizar el distanciamiento social y el control epidemiológico pero también «menos tensa y más relajada» que en otros territorios.
En una comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias ha incidido en que habrá que «mantener la atención» sobre grupos de riesgo como sanitarios, mayores o dependientes, pero el «impacto menor» del coronavirus y la condición de islas ayudarán a este proceso «sin caer en la autocomplacencia».
Pérez ha defendido ante los diputados que la crisis sanitaria, aunque ha tenido «errores», se ha combatido «con cierta eficacia» hasta el punto de que ahora –con algo más de 2.000 casos positivos y 111 fallecidos— «es más preocupante la economía que la sanidad».
El consejero ha apelado a acercarse a la pandemia con «humildad» pues esta experiencia «ha puesto de relieve errores iniciales de la comunidad científica» que «perturbaron» la toma de decisiones iniciales para afrontar una situación «imprevista» para los gobiernos y las autoridades sanitarias.
En ese contexto, ha apuntado que el Ejecutivo canario ha actuado contra el coronavirus «de modo aceptable y relativamente eficaz» a través de un «mando único» en sanidad que ha permitido mejorar la coordinación durante el estado de alarma y el aumento en la transmisión de la información a través de una web y en tiempo real.
Así, ha defendido las líneas de abastecimiento y disponibilidad de material sanitario, con un gasto de casi 16 millones de euros, que garantiza protección para una media de dos meses y que en el caso de las mascarillas, unas 18 semanas.
Además, no ha ocultado un recorrido de «errores y desaciertos» casi inevitable porque «cada paso conduce a una encrucijada» de ahí que haya demandado apoyo a la oposición ayudando «a corregir» lo que no se haga bien o «seguir la senda correcta» si es acertada.
No obstante, ha apuntado que no han ido «por detrás» del coronavirus pues cuando se declaró la pandemia se activaron todos los mecanismos legales.
Pérez también ha informado de que en Canarias se han hecho más de 27.000 pruebas de PCR, que antepone a los tes rápidos porque «son menos fiables», y negado que se haya tardado tres semanas en hacer un seguimiento especial a los centros de mayores, donde ya se han hecho unas 3.000 pruebas.
Asimismo, ha aprovechado su comparecencia para negar que desde el Gobierno se haya ofrecido a Canarias como «laboratorio» para ensayar el desconfinamiento pero sí para la «recuperación turística» en los próximos meses.
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs), ha comentado que el Gobierno «ha ido por detrás de los expertos y con informaciones contradictorias» si bien ha valorado el cambio en el equipo directivo de la sanidad canaria, subrayando que «lo primero es salvar vidas» y oponiéndose a que Canarias sea un «laboratorio» para el desconfinamiento. «Me alegro de que hayan cambiado el discurso», ha señalado.
Ha insistido en la falta de protección del personal sanitario porque el material, especialmente los EPI, «son insuficientes y de menor calidad que la esperada», lo mismo que las mascarillas FPP2, no las quirúrgicas.
Espino ha lamentado que Canarias tiene la peor tasa de sanitarios infectados del país, un 24,5%, algo que tildó de «inadmisible», aparte de que algunos han vuelto a trabajar solo 14 días después y sin segunda prueba cuando hay ministras que han tardado más de un mes en tener el alta.
Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha recordado que La Gomera tuvo el primer contagio y ahora solo un caso positivo y reconocido que a veces «los profesionales se equivocan».
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En su opinión, fue «un gran error» centralizar la compra de material porque se abrió «un mercadeo» que en su isla se pudo salvar por unos pedidos iniciales a varios países.
Ha dicho que los sanitarios deben ser los primeros en protegerse y resaltado que esta crisis deja claro que los servicios básicos, especialmente la sanidad, serán dotados en el futuro como se merecen.
Curbelo cree que hace falta un plan de recuperación económica junto al Estado y sobre la desescalada ha pedido al Ejecutivo «no bajar la guardia» pero también cree que «no sería malo» que los niños salgan a la calle con los padres con medidas de distanciamiento y un «control fehaciente y real» en puertos y aeropuertos.
María del Río, de Sí Podemos, ha dicho que «nadie» estaba preparado para «asumir esta pandemia», con más de 19.000 muertos en España y 111 en las islas, y en Canarias ha habido un sistema de salud «debilitado», con falta de personal, camas y recursos técnicos.
Ha dicho, no obstante, que en el archipiélago hay una «moderada satisfacción» con respecto a otras comunidades autónomas, valorando los datos actualizados y a tiempo real que ofrece la Consejería de Sanidad.
Sobre la escasez de material, reconoce que «son escasos», lo mismo que la falta de test, al tiempo que ha habido falta de coordinación si bien en los centros de mayores ya se reciben «buenas noticias» con el cribado generalizado.
Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha criticado el «ataque de mesetarismo» del Estado al centralizar la compra de material y requisarlo a las comunidades autónomas y aboga por reflexionar por las diferencias de impacto del coronavirus entre territorios.
Ha señalado que el «austericidio» del PP en los servicios públicos «ha tenido graves consecuencias» en la crisis sanitaria, subrayando que el próximo gran desafío será resolver el impacto social y económico.
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Además, ha dicho que los canarios «no son conejitos de indias» y valora que el Gobierno «se haya plantado» ante la opción de que el archipiélago fuera un laboratorio para el desconfinamiento. «Sería poner en riesgo la recuperación», ha destacado.
Miguel Ángel Ponce, del Grupo Popular, ha criticado al Gobierno por «no reconocer» la pandemia ni acertar en como atajarlo, con un cese de la cúpula sanitaria en medio de la crisis. «Es gravísimo», ha señalado.
Al tener el primer caso en enero, cree que el Gobierno tenía «tiempo suficiente» para poner en marcha un plan y después «se dedicaron» a vender la gestión del aislamiento del hotel en Adeje.
En cuanto al material sanitario, ha apuntado que el retraso de los EPI ha sido «sangrante» y los médicos han reutilizado mascarillas, y espera que el Gobierno no use el desconfinamiento con intereses políticos.
José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha comentado que tienen una «lealtad responsable» en todos los sectores pero sin «adhesión inquebrantable» o «silencio cómplice» porque «ha habido errores».
Ha dicho que el cese de Teresa Cruz y su equipo es el reconocimiento de los errores del Ejecutivo y aunque muchas medidas «han sido correctas, también tardías», como la compra de material sanitario o el control de las residencias de mayores con tres semanas de retraso.
Ha apuntado que el material sanitario «sigue siendo insuficiente» y no ve «sensato» que el Gobierno encargue estudios de opinión cuando está apelando a firmar pactos de unidad.
Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha comentado que Canarias ha entrado «en la fase de desescalada» pero entiende que hay que ser «muy exigentes» con las recomendaciones sanitarias y evitar «pasos en falso».
Además, ha señalado que el Ejecutivo «se ha implicado de lleno» en la crisis sanitaria con una gran inversión en material sanitario y en un «momento de tensión» en el mercado internacional.
