El Gobierno, representantes de las empresas propietarias de centrales térmicas de carbón en proceso de cierre -Endesa, Iberdrola y Naturgy- y de los sindicatos han firmado este viernes un acuerdo que consolida las bases de los Convenios de Transición Justa, poniendo el foco de actuación prioritaria en el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El acuerdo ha sido rubricado, de forma telemática, por la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con los representantes de las grandes eléctricas y de las secretarías generales de los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA.
En concreto, el documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, que se ubican en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia, y Principado de Asturias.
Ribera ha agradecido «la responsabilidad compartida con las administraciones autonómica y local y los agentes sociales, y los esfuerzos de todas las partes para seguir trabajando y definiendo el marco de transición justa mediante la firma de este acuerdo tripartito».
Desde la Administración General del Estado (AGE) el pacto implica la creación de un marco para el seguimiento de los trabajadores implicados, a través del Sistema Público de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), además de planes de formación específicos y medidas orientadas a la recolocación, entre otras.
Asimismo, las empresas se comprometen al desarrollo de planes de acompañamiento para las zonas afectadas, aprovechando las oportunidades asociadas a las diferentes líneas de negocio que se identifiquen para cada territorio.
De igual modo, trabajarán para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera valoró que este compromiso de todas las partes en la búsqueda colectiva de soluciones de futuro para estas zonas «resulta especialmente necesario en el contexto de la crisis del Covid-19».
Este acuerdo se suma a los protocolos de actuación que el Ejecutivo central está firmando con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos vinculados a las centrales térmicas en proceso de cierre para la realización de convenios de transición.
Los convenios recogerán los proyectos concretos que se apoyarán en cada zona, la financiación de acompañamiento y un programa de seguimiento de lo acordado.
El primer paso para su elaboración es el lanzamiento de un proceso participativo en las diferentes zonas en transición. En este momento se están realizando de forma telemática, en cumplimiento de las medidas adoptadas para frenar el brote de Covid-19.
En virtud del acuerdo firmado este viernes, los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Trabajo y Economía Social ofrecerán apoyos para la realización de los convenios de transición y el mantenimiento del empleo para los trabajadores afectados, a través de formación y planes de inserción.
BÚSQUEDA PROACTIVA DE INVERSORES.
Ambos ministerios se comprometen a trabajar en la búsqueda proactiva de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, teniendo siempre en cuenta las características y las particularidades de cada territorio.
Las características de cada zona serán igualmente consideradas a la hora de valorar las oportunidades que surjan en materia de política energética.
PERMISOS DE ACCESO A LA RED Y SUBASTAS ESPECÍFICAS EN LAS ÁREAS.
Entre las herramientas que se pueden activar en este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá ofrecer, mediante procedimientos como concursos, el otorgamiento de permisos de acceso a la red para nuevos proyectos renovables en las áreas geográficas donde se produzcan los procesos de cierre de centrales térmicas de carbón, tal como establece el Real Decreto Ley 17/2019, de 22 de noviembre, de medidas urgentes para impulsar una transición energética justa. De igual modo, se podrán celebrar subastas de energías renovables específicas en estas áreas.
Estas herramientas quedarán incluidas, en su caso, en los convenios de cada territorio. Además, recogerán las medidas que tanto el Sistema Nacional de Empleo (SNE) como los servicios de empleo de las comunidades autónomas ofrecerán a los trabajadores de las zonas afectadas, con el fin de ofrecerles apoyo específico para su reinserción laboral en los nuevos proyectos empresariales.
Así, el acuerdo recoge la identificación a través del SISPE de los trabajadores de las centrales térmicas y de sus empresas auxiliares como colectivo especial ligado a los convenios de transición justa. Esta identificación permitirá el seguimiento de la evolución de las bolsas de empleo de cada convenio y la posibilidad de diseñar acciones complementarias que mejoren la empleabilidad.
A estas medidas se sumará el plan de apoyo para la formación profesional e inserción laboral para trabajadores en las zonas afectadas orquestado a través de un convenio que se firmará entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto de Transición Justa (actual IRMC), que aportará financiación para la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.
PROPUESTAS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS.
Por su parte, las empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre han remitido, a la firma de este acuerdo, un plan de acompañamiento que incluye una propuesta de nuevas inversiones en los mismos territorios, relacionadas con oportunidades de negocio en generación mediante energías renovables u otras líneas de negocio cuando resulten viables.
Contemplan el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares en las labores relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las centrales.
Las compañías prestarán su apoyo en la búsqueda proactiva de otros inversores y participarán en la elaboración de los convenios, a los que podrán aportar su conocimiento de la realidad empresarial del territorio. Además colaborarán, a través de acciones específicas, en el plan de apoyo para la formación profesional e inserción laboral.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Según lo acordado por las partes, se creará una Comisión de Seguimiento que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes de la AGE, las empresas y las organizaciones sindicales.
Esta comisión reunirá cada seis meses de modo ordinario para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo, y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes.
CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA
El objetivo prioritario de estos convenios es el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en las comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón. Suponen la materialización de la Estrategia para la Transición Justa, que forma parte del Marco de Energía y Clima.
En estos momentos, se trabaja en la elaboración de toda la documentación y ya se han activado los procesos participativos, por vía telemática, en Aragón, Suroccidente, Valle de Nalón y Valle del Caudal, todos ellos en el Principado de Asturias.
Próximamente, se iniciarán los procesos participativos en las áreas restantes: Montañas Centrales Leonesas -La Robla; Guardo-Velilla; Villablino y El Bierzo; y Garoña, en Castilla y León; Meirama y As Pontes, en Galicia; Puente Nuevo y Carboneras, en Andalucía; y Zorita, en Castilla-La Mancha.
