Las negociaciones en torno a la ley audiovisual han sido arduas, y tras varios días de reuniones entre el Gobierno y ERC, parece que al fin se ha llegado a un acuerdo. Los republicanos se habían opuesto a la norma, vetando también los presupuestos de 2022.
Así pues, urgía encontrar una vía para cerrar al fin la cuestión de las cuentas públicas en el Senado. Finalmente, el Ejecutivo ha decidido aceptar las condiciones de ERC y destinar una partida de 10,5 millones de los PGE para la subvención de producciones audiovisuales en lenguas cooficiales.
La exigencia de los independentistas era obligar a las grandes plataformas como Netflix o HBO a producir al menos un 6% de sus contenidos en catalán, gallego o euskera. Sin embargo, esto no ha sido posible por infringir la directiva europea, con respecto a empresas audiovisuales internacionales.
La solución del Gobierno implica, por lo tanto, la concesión de subvenciones directas a las producciones realizadas en las lenguas cooficiales. Esto se hará a través de dicha partida que se encargará de gestionar el Ministerio de Economía. Esto significa que las grandes plataformas no tendrán obligación de producir en lenguas cooficiales, pero tendrán que cumplir determinadas obligaciones.
Además, se pretende crear un fondo de subtítulos y doblajes que dichas plataformas deberán incluir en sus catálogos. Así todas las grandes producciones como el Juego del Calamar o La casa de Papel, podrán tener su correspondiente doblaje al catalán, que a partir de ahora estará garantizado por ley. Con este acuerdo el Gobierno cede a las presiones y condiciones del ERC para salvar los presupuestos generales de 2022 y cumplir con el calendario fijado por Moncloa.
