El Gobierno de Cantabria «respeta, pero no comparte» la decisión de la Audiencia Nacional que ha desestimado la petición de la Comunidad Autónoma de suspender la orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), por lo que sus servicios jurídicos estudiarán la presentación de un recurso de reposición.
La Consejería de Medio Ambiente lamenta que el auto de este lunes haya llegado «antes a los medios de comunicación» que a sus servicios jurídicos y destaca que «no entra» en el fondo de la demanda presentada porque, como señala la propia Audiencia, esta petición de cautelares y auto denegatorio «no es más que un incidente que no entra a valorar las razones del Gobierno para oponerse a la inclusión del lobo en el Lespre y que, por tanto, no prejuzga el sentido de la futura sentencia».
Y en caso de que esta denegación de suspensión cautelar acabe siendo firme, el Ejecutivo autonómico asegura que aplicará la orden ministerial «en todos sus términos», incluida la realización de controles de lobos cuando sea necesario.
En cualquier caso, lamenta que las organizaciones ecologistas que «acompañan al Ministerio en este viaje» ya han anunciado que recurrirán a los tribunales cualquier autorización de control que aprueben las comunidades autónomas, «adelantando por tanto la judicialización de la gestión del lobo en España».
«Las graves consecuencias de esas dinámicas, tanto para los ganaderos como para el lobo, tendrán como responsables a los que las han provocado», ha señalado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, en alusión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y a Ecologistas en Acción.
El consejero cántabro ha rechazado de manera rotunda «el chantaje» de la ministra Teresa Ribera, «vinculando la aprobación de la nueva Estrategia del lobo a los fondos que el Estado anuncia que tiene disponibles para los ganaderos afectados por los daños».
«No acaba de entender la ministra que no es una cuestión de dinero, sino de gestión de un conflicto social, en el que su Ministerio ha optado por dos compañeros de viaje que hace tiempo vienen persiguiendo la gestión de las comunidades autónomas que hemos logrado conservar el lobo y recuperar sus poblaciones, y obviando a los que viven en el medio rural, lo cuidan y conviven diariamente con la especie en las cuatro comunidades autónomas afectadas» -Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León-, ha denunciado Blanco.
El consejero ha afirmado que «Cantabria, como las demás comunidades autónomas que mantienen nuestro mismo posicionamiento, vamos a seguir demandando en los tribunales lo que consideramos de justicia», a la vez que «seguiremos gestionando el lobo, en el marco que nos permita la legislación en vigor, para asegurar que la convivencia entre la ganadería extensiva y la especie es una realidad y no palabras vacías como las que llenan el discurso del MITERD».
