Los herederos de Francisco Franco han presentado un nuevo recurso en el Tribunal Supremo contra la exhumación de los restos del dictador que ha sido admitido a trámite. Los plazos que empiezan a correr a continuación acercan la decisión de paralizar o no la exhumación a la campaña electoral.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado diez días a la Abogacía del Estado para que presente alegaciones ante la petición de la familia de que la exhumación quede suspendida cautelarmente.
Este Tribunal ha pedido también al Gobierno que le remita en el plazo de veinte días el expediente del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero en el que se ordena la exhumación. El Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre un recurso anterior de la familia y dejó claro que tendría que pronunciarse antes de que se hiciera efectiva la exhumación.
Aquel recurso fue presentado ante otro acuerdo del Consejo de Ministros en el que se autorizaba a dar los pasos previos a la exhumación. Los principales eran solicitar el permiso de entrada en la basílica del Valle de los Caídos al prior de los benedictinos y la solicitud de la licencia de obras al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se encuentra el Valle de los Caídos.
Aunque en aquel momento la familia presentó un recurso, el Tribunal Supremo señaló que aquel acuerdo todavía no era el acto definitivo por el que se ordenaba la exhumación, por lo que dejó en el aire su posición hasta el momento actual, pero advirtiendo de que no podría realizarse la exhumación antes de que este tribunal decidiera sobre el nuevo recurso de la familia.
Ahora sí, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tendrá que decidir si paraliza cautelarmente la exhumación antes de tomar una decisión final sobre si es nula de pleno derecho, como defiende la familia Franco.
OBSTÁCULOS DE LA EXHUMACIÓN
El último acuerdo del Consejo de Ministros, anunciado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, dio un paso más a la hora de superar los obstáculos que se interponían a la exhumación. El Gobierno aclaró en ese momento que el prior benedictino no podría oponerse a la salida de los restos de Franco.
El Ejecutivo señaló que la entrada de los operarios en la basílica del Valle de los Caídos no significaba un atentado contra la inviolabilidad de los lugares de culto protegida en los acuerdos del Estado con la Santa Sede.
En días posteriores se conoció el contenido de la carta que el Vaticano envió al Gobierno sobre su posición respecto a la exhumación de Franco. Aunque la interpretación inicial fue que la Iglesia acataría lo que decidiera el Ejecutivo, el portavoz de la Conferencia Episcopal aclaró que la posición del Vaticano es que no se opondría a lo que decidiera la autoridad competente. Y esa, según este portavoz, es en este momento el Tribunal Supremo.
En concreto, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, señaló que lo que quiere decir el Vaticano es que “cuando el acuerdo entre el Gobierno y la familia se produce o, si cuando no hay acuerdo entre el gobierno y la familia, las autoridades judiciales dirimen cuál sea la decisión final, la Iglesia no se opone”.
De hecho, el Gobierno envió una notificación al arzobispado de Madrid para que presentara las alegaciones que considerara oportunas sobre el procedimiento de entrada en la basílica para realizar la exhumación, y el cardenal arzobispo, Carlos Osoro, no presentó ninguna.
También cabe recordar que, ante la negativa del prior del Valle de los Caídos, el Gobierno quiso apelar al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para cambiar esta postura. Sin embargo, este no tiene ninguna autoridad por encima del fraile.
Antes de esta decisión del Tribunal Supremo, los numerosos recursos presentados por la familia Franco y su entorno, incluida la fundación que lleva el nombre del dictador, consiguieron que un juez paralizara cautelarmente la obra que tendría que realizarse, al no estar conforme con la licencia de obras dada por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
La decisión de este juez se produjo después de que otros tres rechazaran previamente, ante recursos idénticos, suspender la licencia de obras, por lo que instancias superiores deberán unificar el criterio al respecto. El magistrado que tomó la decisión contraria a la licencia, José Yusty, se había pronunciado en un artículo contra la ley de Memoria Histórica.
«Si cuando no hay acuerdo entre el gobierno y la familia, las autoridades judiciales dirimen cuál sea la decisión final, la Iglesia no se opone”
La familia Franco remitió un escrito al Consejo de Ministros en el que se opusieron a que en el caso de que efectivamente se produjese la exhumación, los restos fueran trasladados a un lugar diferente al elegido por ellos: la catedral de la Almudena. El Gobierno sostiene que no permitirá esta ubicación por razones de seguridad.
La decisión final sobre el fondo del recurso ante el Tribunal Supremo de los siete nietos del dictador podría no darse hasta dentro de varios meses. Eso significa que si este tribunal rechaza las pretensiones de la familia y da por buena la exhumación, ésta se encontraría en manos del Gobierno que salga de la convocatoria electoral del próximo 28 de abril.
