La empresaria Susana García-Cereceda, una de las personas juzgadas en la Audiencia Nacional por el caso ‘Tándem’, ha reconocido este martes al tribunal que hizo una serie de encargos a José Manuel Villarejo por los problemas en torno a PROCISA, la inmobiliaria promotora de la urbanización de lujo de La Finca (Madrid), en respuesta a los cuales el ahora comisario jubilado le dio información sobre a quién llamaba y con qué frecuencia la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara.
García-Cereceda ha explicado al tribunal que acudió a CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, en 2013 en un escenario donde la viabilidad de la compañía estaba en «riesgo evidente» porque tenía una «deuda monumental» y otras sociedades le reclamaban casi 50 millones de euros para ejecutar provisionalmente una sentencia. Según ella, quería asegurarse de que, si les daban el dinero y luego esas mercantiles perdían en segunda instancia –como ocurrió–, se lo podrían devolver.
A tal fin, ha relatado, David Fernández, un ex policía que había trabajado durante años para PROCISA y entonces ejercía de asesor de seguridad, les recomendó a una «agencia de detectives» porque eran «muy buenos». Contactaron, se reunieron y CENYT les acabó entregando un informe sobre la solvencia económica de dichas mercantiles. Además, el fiscal Miguel Serrano le ha preguntado por otro informe sobre la juez que llevó el litigio mercantil. «Estaba en mi despacho, porque así lo encontraron, pero no lo pedí», ha contestado ella.
García-Cereceda, a preguntas de Serrano, ha admitido que, además de ese primer encargo, hubo «tres pasos más» que se denominaron ‘Land 1’, ‘Land 2’ y ‘Land 3’. «¿Por conflictos hereditarios que pudiera haber en PROCISA tras el fallecimiento de su padre?», ha cuestionado el fiscal. «No, nada que ver con conflictos hereditarios», ha replicado ella. «Es una preocupación sana que yo tenía con mi hermana», ha remachado.
Esa preocupación, según ha comentado, se debía a que su hermana Yolanda había sido incapacitada y quería averiguar si se había casado con Jaime Ostos y en qué régimen económico, si gananciales o separación de bienes, porque «como supuesto marido de una de las accionistas de la compañía se postulaba como su tutor» legal, lo que podría darle el control sobre esos activos.
Susana García-Cereceda ha asegurado que a CENYT solo le pidió respecto a su hermana y Ostos que indagara si realmente se habían casado en Carolina del Norte (EEUU) y en qué régimen, y que así lo hizo. No obstante, ha revelado que hubo un «poco más» que consistió en que Villarejo y su gente les dieron los antecedentes penales de Ostos en el país norteamericano. «Pero no los habíamos pedido ni era lo que nos importaba», ha matizado.
También ha confesado otro encargo de ‘Land’ acerca de Gómez Cuétara. En este caso, ha esgrimido que se «sorprendió y asustó» cuando Villarejo, «prácticamente al principio» de contactar, en las primeras reuniones, le enseñó un informe de unas 200 páginas que había elaborado otra agencia de detectives, Método 3, y que contenía extractos de las agendas personales de su padre y datos de la empresa y de sus directivos, incluida la propia Susana.
La acusada dedujo que, puesto que esa agenda era un objeto personal de su padre, solo podía tenerlo su viuda y, por ende, que Gómez Cuétara habría sido quien encargó ese ‘dossier’ sobre PROCISA y sus trabajadores a Método 3. Contenía «una información sólida, con cosas que podían ser más o menos reales, pero lo cierto es que hurgaba en la vida de directivos de la empresa», ha recalcado. Por eso, ha justificado, «cuando me propusieron si podían encontrar algo sobre Silvia también accedí».
Interrogada sobre la información que CENYT le proporcionó sobre Gómez Cuétara, ha señalado que verbalmente Villarejo le detalló a qué números de teléfono llamaba y con qué asiduidad, pero no el contenido de esas conversaciones telefónicas. Susana ha sostenido que el comisario no le precisó cómo obtenía esos datos.
EL «CONFLICTO» CON TORRES
García-Cereceda ha reconocido un tercer encargo en ‘Land’, sobre el que fuera arquitecto de La Finca Joaquín Torres. De acuerdo con ella, al abandonar la compañía hubo un «conflicto» que se fue «intensificando» en el tiempo y acabó materializándose en «querellas y denuncias cruzadas» entre las partes que, según ha reprochado, él aireó en programas de televisión donde «no dejaba de atacar la reputación de la empresa».
«Yo estaba especialmente preocupada. Incluso en uno de esos programas llegó a amenazar diciendo que o le daba 10 millones de euros o iba a hablar de todo lo que sabía de la empresa y de la familia», ha ilustrado.
Entonces, ha continuado, fue cuando CENYT le ofreció «intentar conseguir información» de Torres, algo a lo que accedió igualmente. Sin embargo, dice que no obtuvo «prácticamente nada». «Que se iba al cine con algunos amigos, nada, realmente nada», ha enfatizado.
Aparte de los informes verbales, que ha insistido en que fue el ‘modus operandi’, de CENYT ha aseverado que solo le llegaron unos informes escritos sobre ‘Land’. «No eran nada exhaustivos, eran dos o tres folios», ha apostillado.
García-Cereceda, tal y como ha narrado, fue detenida en 2018 a su llegada a Madrid en un vuelo procedente de Sudáfrica, a donde había acudido en busca de inversores extranjeros que salvaran la situación económica de PROCISA. Estando reunida con estos posibles inversores, recibió una llamada donde la secretaria le comunicó que la Policía estaba inspeccionando la oficina. Tanto ella como su abogada han destacado que colaboró telefónicamente con los agentes durante el registro y regresó a España en cuanto pudo.
UNA «HOJA DE ENCARGO» Y 300.000 EUROS
La empresaria ha ceñido su papel a la contratación con CENYT, en la que también ha incluido a Francisco Peñalver, entonces consejero de la promotora inmobiliaria, y a Fernández, así como a los encargos y a la recepción de la información recabada por Villarejo. Del precio, las facturas y los pagos se ha desentendido.
Los otros dos acusados, que han verificado lo expuesto por García-Cereceda, han arrojado luz sobre sus respectivos roles en este negocio. Así, Peñalver se ha definido como el responsable de esas otras gestiones.
Ha indicado que no recuerda un contrato escrito, sino que CENYT les presentó «una hoja de encargo, que era un presupuesto abierto porque tampoco se sabía las cosas que tenían que hacer». En total, calcula que se acabaron pagando unos 300.000 euros.
Fernández, por su parte, ha confirmado que fue él quien, conocedor de los problemas en PROCISA y de los servicios que requería, recomendó a CENYT. No conocía la empresa de Villarejo porque hubiera trabajado antes con ella sino porque «era bastante nombrada en grandes empresas y la consideraban en ese momento una de las mejores».
VILLAREJO COMO CORTAFUEGOS
Por otro lado, este martes han terminado de declarar los acusados en ‘Iron’. María Ángeles Moreno y Andrés Medina, ex socios de Herrero&Asociados, un despacho que contrató a Villarejo para investigar a la competencia, han ratificado lo manifestado el día anterior por ella y otros dos socios, afirmando que no hubo encargos ilegales, que solo se quería averiguar si ellos estaban siendo espiados por el otro bufete, Balder.
Medina ha afirmado que confiaban plenamente en CENYT, porque tenían buenas referencias y, tras la primera reunión de 2013, se llevaron una «imagen excelente», y por ello pensaron que si, «por ignorancia», Herrero&Asociados planteaba cosas fuera de la legalidad, Villarejo y los suyos les avisarían de que estaban traspasando la «línea roja».
Junto a ‘Iron’ y ‘Land’, en este juicio –el primero por ‘Tándem’– se juzga ‘Pintor’, tres piezas separadas por las que el ya ex comisario podría ser condenado a 109 años de cárcel.
