El Ministerio del Interior ha lanzado este martes un plan que implica a todos los cuerpos policiales tras detectar que la incautación de la marihuana se ha cuadruplicado con la intervención de casi tres millones de plantas ilegales, según la estimación para 2021. Se trata, además, de un tráfico ilícito que lleva parejo un incremento de la violencia de los grupos criminales que dominan este mercado, donde se consume modalidades de cannabis sintético que implica mayor riesgo para la salud.
Del Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana ha dado cuenta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en la que ha pedido «no mezclar debates que no tienen relación alguna», mencionando la petición desde ámbitos sociales y grupos parlamentarios sobre la despenalización de la marihuana.
«El objetivo prioritario es combatir fenómenos delictivos graves», ha añadido Grande-Marlaska, que no ha descartado abordar una «reflexión con detenimiento» sobre la posibilidad de realizar cambios en el Código Penal, algo que implicaría pedir opinión a otros actores y departamentos ministeriales «si fuera preciso».
ESPAÑA, PRIMER PAÍS DE LA UE
El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete, ha puesto el acento en la necesidad de mejorar la cooperación a la hora de prevenir el asentamiento de redes criminales dominadas por «brokers de las drogas». Utilizan España, que ya es el país con mayor número de plantaciones ilegales de la Unión Europea al superar a Países Bajos, como lugar de cultivo de la marihuana para su distribución a otros países.
España ha pasado de 724.000 plantas incautadas en 2016 a casi tres millones, colocándose en cabeza dentro de la Unión Europea y doblando a Países Bajos, algo que se achaca a cuestiones como el clima, las condiciones del suelo o las grandes extensiones despobladas. No obstante, Turquía sigue superando ampliamente en cifras al resto de países del entorno europeo, con más de 42 millones de plantaciones.
Aunque el plan permitirá obtener mejores datos en adelante, el general ha expuesto que saben que son redes que provienen de los Balcanes, principalmente Albania y Serbia, siendo Andalucía y Cataluña las regiones donde se detectan más plantaciones y cada vez más extensas: frente a las 15.000 plantas en un mismo terreno se ha pasado ahora a 120.000 plantas.
La estimación es que 2021 acabe con menos detenciones que en 2020, un año marcado por la pandemia de COVID, aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coinciden en valorar como muy preocupante que cada vez es más frecuente defender las plantaciones con armas, debido a la violencia entre bandas por controlar zonas geográficas y evitar los conocidos como vuelcos.
VINCULACIÓN CON BLANQUEO Y TRATA
En España, el tráfico ilícito de marihuana es ya la tercera actividad delincuencial por detrás del hachís y la cocaína, y los cuerpos policiales constatan que guarda vinculación con otros delitos como el blanqueo de capitales o la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
El director del CITCO ha advertido del riesgo de consumo de una marihuna con un componente activo THC del 30% de media, en lugar del 13-16%, debido al recurso del cannabis sintético, lo que tiene un «evidente traslado a la incidencia de la salud» entre una población que empieza a consumir esta sustancia desde la juventud.
En la línea del ministro, el general Navarrete ha subrayado la importancia de que el consumo de los clubs autorizados no conlleve una «desviación hacia el mercado ilegal», dentro del control administrativo de una actividad que ya está regulada y que implica, además, diferenciar la plantación de cáñamo industrial con el orientado para tráfico ilícito. En este sentido, ha insistido en la necesidad de trabajar con las empresas de electricidad -que detectan usos ilegales de la luz– y también para destruir las plantaciones incautadas a las redes criminales.
Durante la presentación del plan en el Ministerio del Interior había una representación de todos los cuerpos policiales implicados en esta lucha: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, así como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
