El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha manifestado respeto «al máximo» de las garantías de seguridad jurídica y los pasos en el proceso judicial a cuenta de la expiración de la concesión de actividad de esquí en la estación de Navacerrada, pero «con fin de devolver a los ciudadanos la capacidad de disfrute y disponibilidad de los recursos naturales», un objetivo vinculado a la declaración del Parque Guadarrama.
Así se ha manifestado Morán en declaraciones después que este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha denegado la petición de medidas cautelares solicitada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) para paralizar la práctica de esquí en la estación del Puerto de Navacerrada (Segovia), por lo que se podrá seguir con la actividad.
La Abogacía del Estado había interpuesto un recurso contencioso- administrativo contra la Junta de Castilla y León por «ocupación ilegal» de los montes de Valsaín donde se encuentra la estación de esquí de Navacerrada, terrenos propiedad del OAPN, y tras asegurar el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar el cierre» de unas instalaciones que llevan operando cerca de un siglo.
En la resolución del tribunal, los magistrados consideran que la falta de adopción de las medidas interesadas causen perjuicios irreversibles, ya que los actos de uso del monte desde la última concesión se vienen realizando durante los últimos 25 años y el perjuicio se produciría en relación a la posible retirada de las instalaciones.
Entienden que este extremo «podría crear una situación definitiva de difícil reversibilidad de acordarse al momento actual dicho impedimento del uso y eventualmente el desmantelamiento de dichas instalaciones».
Tras conocer la decisión judicial Morán ha manifestado así el respeto a las garantías jurídicas y los pasos en los procesos de caducidad de las concesiones.
No obstante, Morán añade que el MITECO insiste en que los procesos que implican un rescate de patrimonio público y que durante un determinado periodo de tiempo ha sido objeto de aprovechamiento económico tienen que ir acompañados de procedimientos que trasladen seguridad jurídica, tanto en el origen, a la hora de establecer los mecanismos concesionales, como a la hora de «rescatar esos espacios para el común de la ciudadanía».
