La Junta de Castilla y León ha asegurado que estudiará la propuesta sobre el modelo de financiación autonómica enviada por el Gobierno central y ha recordado que su postura es la acordada en las Cortes autonómicas y en el documento rubricado junto a otras comunidades autónomas en Santiago de Compostela.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han señalado que el documento con la propuesta del Gobierno central se ha recibido a las 14.30 horas de este viernes y, aunque lo analizará, aún es «pronto» para hacer valoraciones, tras lo que ha incidido en que hasta ahora no se había consultado a la Comunidad.
La Junta ha incidido también en que su posición es la del acuerdo parlamentario en las Cortes en torno a la financiación autonómica y el documento acordado en Santiago de Compostela, en el que se reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el nuevo sistema de financiación autonómica sólo sea fruto de un consenso multilateral y al margen de los espacios bilaterales entre el Ejecutivo central y cada comunidad.
Este acuerdo de Santiago lo rubricaron la pasada semana los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria en una declaración conjunta con 35 puntos con diferentes premisas, entre ellas la financiación autonómica, en la que consideran que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el órgano multilateral adecuado para negociar esta reforma.
Su posición común es que el nuevo modelo se fije en los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales. «Además de los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población son condicionantes innegables de un mayor coste en la prestación de servicios, cuyo efecto debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema», señalan.
PROPUESTA DE HACIENDA
Sin embargo, el Ministerio Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como ‘infrafinanciadas’: la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
De este modo, el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha enviado su propuesta inicial de reforma del modelo de financiación autonómica para establecer un diálogo con las comunidades. Este documento recibirá ahora las aportaciones y observaciones de todas las regiones durante todo este mes de diciembre y el mes de enero.
El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, por lo que Hacienda defiende que se han tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos encuentros.
LA POBLACIÓN AJUSTADA, «LA VARIABLE MÁS REPRESENTATIVA»
En este contexto, el Ministerio de Hacienda defiende que la propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, según señalan, «existe un notable consenso». No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto.
En cualquier caso, el Gobierno también ha analizado «empíricamente» la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.
Además, reivindican que se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y que se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto.
