El pleno del Parlament ha aprobado este jueves exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el catalán sea un requisito y no sólo un mérito en la provisión de plazas de la Administración de Justicia en Cataluña, como ha propuesto Junts y han apoyado ERC, Junts, la CUP y los comuns, mientras que el resto ha votado en contra.
Con el apoyo de todos los grupos excepto el rechazo de Vox y del PP, ha prosperado impulsar un frente común, en el marco del Pacto Catalán por la Justicia, para promover el uso del catalán en el ámbito judicial.
Y el pleno ha constatado la «escasa presencia» del catalán en el ámbito judicial, ha apostado por aumentar su uso y ha reivindicado el derecho de los ciudadanos de Cataluña a hacer uso del catalán en su relación con la Administración de Justicia –con la abstención de Cs y el rechazo de Vox y PP–.
DEBATE EN EL PLENO
El diputado de Junts Francesc Ten ha defendido que asegurar el uso del catalán en el ámbito judicial es una cuestión de derechos, y ha lamentado que el Tribunal Supremo (TS) haya ratificado la obligación de que el 25% de la educación en castellano y el resultado del pacto sobre la Ley Audiovisual: «Pero hablamos de Justicia, y esto es un punto de partida».
Desde Cs, Nacho Martín Blanco ha asegurado que su partido apoya las medidas de fomento del catalán si no menosprecian al castellano, y ha advertido de que el «histerismo y catastrofismo lingüístico» sobre el uso del catalán distorsiona la realidad e impide mantener un diálogo racional sobre la lengua.
El socialista Rubén Viñuales ha defendido el derecho de los ciudadanos a expresarse en catalán en todos los ámbitos, y ha criticado que Junts no haya incluido en su moción otros asuntos vinculados a la Justicia, como la falta de personal y las agresiones a funcionarios de prisiones.
Sergio Macián (Vox) ha sostenido que exigir el catalán como mérito sería anticonstitucional y discriminatorio, y ha dicho que la rotulación y cartelería de los juzgados en Cataluña están exclusivamente en catalán: «Si acaso existe una lengua discriminada» en este ámbito es el castellano, según él.
La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha replicado que «el catalán está totalmente discriminado en la Justicia, hay pruebas y hay datos», y ha explicado que apoyan esta moción de Junts, aunque consideran que se queda corta.
Lucas Ferro (comuns) ha subrayado que la presencia del catalán en la Justicia «no sólo va de requisitos», sino de otras medidas como planes de impulso de su uso, aunque no están en contra de que sea un requisito, siempre y cuando los profesionales dispongan de tiempo y herramientas para aprenderlo.
Desde la bancada popular, Lorena Roldán ha acusado a los defensores de la moción de crear problemas donde no los hay, y ha opinado que la propuesta «no va de proteger las lenguas minoritarias», sino de eliminar el castellano de este ámbito utilizando un relato sesgado y falaz, según ella.
Por su lado, el republicano Jordi Orobig ha resaltado el hecho de que los diputados puedan optar por intervenir en castellano en el Parlament pero que sus compañeros en el Congreso no puedan hacerlo en catalán.
