El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que ha habido «retrasos» en las resoluciones de asilo aunque ha apuntado que «se están corrigiendo» al tiempo que ha recalcado que España garantiza la documentación a las personas solicitantes.
Grande-Marlaska ha respondido así a la pregunta que la diputada de ERC, María Carvalho, le ha dirigido en la sesión de control al Gobierno del Congreso, relacionada con este tema.
En concreto, Carvalho ha denunciado que España es el «único» país de la UE, junto con Hungría, que «no reconoce los derechos en fase judicial» de personas solicitantes de protección que «han estado trabajando» en el país y que, en esta situación, «solo tienen tres opciones». «Pedir ayuda, la economía sumergida o pasar hambre en la calle», ha señalado la diputada.
Al representante del partido independentista también ha recordado a Grande-Marlaska que existen leyes y directivas europeas que reconocen el derecho a documentación de estas personas y ha recordado que hay sentencias de la Audiencia Nacional que señalan que España «desobedece de forma agravante» estas normativas.
DEFIENDE MEJORAS EN LOS SERVICIOS
Sin embargo, el ministro del Interior ha insistido en que el Gobierno «garantiza» de forma «efectiva» y «en parámetros de legalidad» esta derecho de los solicitantes de protección y ha recordado que la Secretaría de Estado de Seguridad y la Subsecretaría del ramo han realizado una instrucción conjunta «para hacer efectivo» ese derecho.
Grande-Marlaska ha explicado, además, que su departamento se ha preocupado «en estos años» de aumentar el personal a las oficinas de asilos, «cuatriplicado sus funcionarios», según ha explicado, así como creando «nuevas infraestructuras para ser mucho más ágiles».
Según ha apuntado, España es el segundo país de la UE en solicitudes de protección y ha destacado que el año pasado «se resolvieron más expedientes» de «los que entraban».
«No negamos dilaciones, retrasos, pero los mismos se están corrigiendo», ha declarado el ministro, antes de apuntar que su departamento tiene la mira puesta en «mejorar los servicios públicos y dar garantías necesarias» a estas personas que viven en situaciones «complicadas» y, según ha indicado, «se merecen servicios públicos y administraciones» que cumplan con sus derechos.
