Fue a raíz de la portada del ABC en la que se acusaba de plagio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su tesis doctoral. El jefe del Ejecutivo entró en modo cabreo monumental y tras pensarlo varias veces descolgó el teléfono y llamó al líder del PP, Pablo Casado, para hacerle una propuesta que el joven sucesor de Mariano Rajoy no podría rechazar: aparcar las diferencias entre ambos partidos por los asuntos de los masters.
Como efectivamente suponía Pedro Sánchez, a Casado le pareció bien la propuesta, pero ambos convinieron, sin embargo, en que sería bueno que los segundos escalones de ambos partidos y los portavoces parlamentarios terminaran de perfilar ese acuerdo.
Así, a medida que la presión se iba relajando en cuanto Sánchez ordenó hacer pública su tesis –los socialista solo hicieron alguna velada referencia al hecho de Casado no había facilitado sus trabajos-, vibraron los móviles.
Ambas portavoces parlamentarias, Adriana Lastra (PSOE) y Dolors Montserrat (PP), así como el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han ido cerrando durante el fin de semana los términos de un acuerdo que, básicamente, implica que ambos partidos dejan de lado los asuntos vinculados al master de Casado y la tesis de Sánchez, y se comprometen a no utilizarlos como arma política.
Ese acuerdo tiene una excepción: que la Justicia al final actúe contra alguno de ellos. Y ahí el más expuesto es Casado, quien trasladó a Sánchez, y así se lo han hecho saber desde el PP a sus interlocutores del PSOE, su convencimiento de que el Tribunal Supremo archivará la causa abierta contra él por el supuesto trato de favor en el master que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
El pacto de no agresión ya se hizo notar en las ruedas de prensa y comparecencias de los lideres de ambos partidos, en las que las referencias a estos asuntos espinosos brillaron por su ausencia.
QUE LA POLÉMICA SE VOLVIERA CONTRA CASADO
“Pese al intento de descrédito personal que sufro estos días, yo no haré lo mismo”, decía el presidente Sánchez en su perfil en Facebook, donde anunció que colgaría en Internet su tesis doctoral de manera íntegra para que cualquiera pudiera consultarla.
Dirigentes del PSOE y del Gobierno esperaban que la polémica en torno a la tesis de Sánchez se volviera en contra de Casado, que sigue sin permitir el acceso a los cuatros trabajos que le sirvieron para superar el máster del URCJ, investigado por una jueza de Madrid que tiene la sospecha de que ese centro elegía a ciertos alumnos VIP a los que regalaba los títulos para que dieran prestigio a sus posgrados, y garantizar así que siguieran estando demandados.
Como Casado está aforado por ser diputado, debe ser el Tribunal Supremo el que decida si le investiga o no por presuntos delitos de cohecho y prevaricación administrativa. Y aunque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, llegó a pedir la semana pasada en el Congreso a Casado que enseñe los trabajos que supuestamente le permitieron tener ese título, el Ejecutivo ya no tiene interés en hacer sangre con esta cuestión.
Dos días después de las palabras de Calvo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, no fue tan directa y se limitó a decir que de Casado no se sabe “lo que ustedes le preguntan”. Y en todo caso consideró, esta vez refiriéndose a la dimitida ministra Carmen Montón, que un solo error cometido hace tiempo no es motivo suficiente “para quitarle la honra”, lo que podría aplicarse también para Casado en caso de no llegue a estar imputado o, si se le investiga, no sea condenado.
