La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) rechaza la tipificación penal del concepto de ‘violencia obstétrica’ en el marco de la violencia de género porque, además de «ilógico» atendiendo a que la mayoría de los profesionales son mujeres, promueve la idea de un enfrentamiento entre las embarazadas y los profesionales, algo que es contrario a los lazos de «confianza y cercanía» que preside en sea relación.
«No podemos banalizar de esta forma la violencia de género, que es muy grave, como bien podemos atestiguar en nuestras consultas de ginecología. La violencia machista es algo que nos tomamos tan en serio, que desde la SEGO acabamos de publicar un consenso sobre cómo debe ser la atención ginecológica a la mujer víctima de violencia de género y agresión sexual que tiene, entre otros objetivos, reforzar la contribución de la especialidad a la detección temprana desde el sistema sanitario, mejorando los protocolos para la detección y atención a las víctimas», advierten.
Por otro lado, señalan que la tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica, en el que se encuadran posibles delitos tan diferentes como una injuria, una coacción, una broma repulsiva, un abuso sexual, una episiotomía, una maniobra de Kristeller o una cesárea, sitúa a los profesionales en un territorio de «inseguridad y desprotección jurídica insoportable».
Por resumirlo, continúan, «esta tipificación penal expone a los profesionales al riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva. Y al absurdo de que un o una profesional sanitario/a pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé».
Asimismo, señalan que los profesionales de Obstetricia y Ginecología trabajan «intensamente» por mejorar la atención que las mujeres reciben durante su proceso de embarazo y parto, investigando y estableciendo la mejor evidencia científica para todos los casos, publicando y difundiendo consensos con las recomendaciones basadas en esa evidencia y desarrollando la mejor formación orientada a ese objetivo.
Fruto de eso esfuerzo común, recuerdan, «la práctica profesional ha evolucionado hacia los indicadores y objetivos consensuados por el Ministerio de Sanidad para la atención perinatal en España, indicadores y objetivos en los que las autoridades sanitarias han trabajado con nuestra decidida implicación y colaboración junto a otros colectivos profesionales y con la colaboración de asociaciones de mujeres que trabajaron en la elaboración de la Guía de Atención del Parto Normal».
En este sentido, añaden que, «aunque aún queda mucho margen de mejora, la práctica asistencial de atención al embarazo y al parto ha avanzado muy favorablemente en nuestro país y se están consiguiendo muchos de los objetivos propuestos en la Estrategia de Atención al parto normal».
Por otro lado, la SEGO destaca que, como queda establecido de forma explícita en sus guías y consensos, rechazan la «normalización» de prácticas como las cesáreas o las episiotomías; y en la actualidad no existe un «empleo institucionalizado» de esas prácticas.
«Muy al contrario, están en claro descenso en nuestros hospitales, se dan ya en menos del 30% de los partos y en la mayoría de los casos en los que se producen su uso está justificado por la evidencia científica: es decir, la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas», advierten.
