Diversas asociaciones judiciales han recordado, en el marco de la providencia del Tribunal Supremo por la que se ratifica la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en Cataluña, que las resoluciones de los tribunales son de «obligado cumplimiento para todos».
Este miércoles, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: «Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora».
La misiva ha sido remitida después de que ayer martes el Supremo confirmara la sentencia del pasado diciembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se determinó la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de esa comunidad autónoma.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha recordado en declaraciones que «todos estamos obligados a cumplir las sentencias», incluidos «los poderes públicos y políticos».
Preguntada sobre si la actuación del conseller podría suponer o no una vulneración de la ley, la juez ha explicado que «para incurrir en un delito de desobediencia tiene que haber un requerimiento expreso del tribunal para que se cumpla» la sentencia y tiene que haberse «constatado» ese «incumplimiento reiterado».
EL TRIBUNAL DEBE EJECUTAR LA RESOLUCIÓN
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha asegurado que «depende de las circunstancias del caso». Ha recordado, sin embargo, que «si se recibe el mandato judicial de cumplir algo, quien voluntariamente lo incumple puede cometer un delito». Según ha precisado, para que se considere así «tiene que haberse pedido expresamente la ejecución de la decisión judicial».
«Lo que está claro, con independencia de que haya un delito o no, es que las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento para todos, también para los gobiernos», ha añadido. En este sentido, Vaquero ha insistido en que «no podemos convivir pacíficamente entre nosotros si no respetamos las leyes democráticas» y ha subrayado que quienes hacen que las leyes se respeten son los tribunales de justicia.
La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha insistido en que «todo hay que ponerlo en contexto» y ha recordado que hasta ahora «simplemente son manifestaciones» que «a lo mejor luego no se llevan a cabo». «Si se demostrase a lo largo del tiempo que esa sentencia no se ha ejecutado se tomarán las medidas oportunas», ha señalado.
AFECTADOS PUEDEN AVISAR AL TRIBUNAL SI NO SE CUMPLE LA SENTENCIA
Así, Martín ha explicado que «si le requieren al consejero de Educación para que cumpla de inmediato la sentencia y no la ejecutase, ya se verían las consecuencias». Según ha señalado, «se necesita que se le requiera para que se pueda producir una sanción administrativa o un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial».
Al hilo, ha precisado que ello «requiere un proceso»: que le notifiquen la sentencia, que le requieran y que se acredite que dicha resolución no se cumple. «Hay que ver qué es lo que pasa. No podemos adelantarnos a los acontecimientos», ha indicado.
Con todo, en caso de que alguien se considere afectado porque sienta que no se dan las horas de castellano previstas en la sentencia, puede poner en conocimiento del tribunal que la resolución no se está aplicando. A partir de ahí, la justicia haría las evaluaciones pertinentes.
